La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) presentó este 28 de mayo de 2026, ante el Consejo Nacional de Protección, los resultados de la investigación titulada: “Jueces víctimas: Procedimientos disciplinarios, debido proceso, violencias y riesgos en el ejercicio de la judicatura (2020-2025)”. La actividad se desarrolló en el marco de una reunión del Consejo Nacional de Protección, con la participación de jueces y juezas afiliados a la AJD.
Durante la presentación, la AJD expuso los principales hallazgos del estudio, el cual analiza de manera integral las condiciones en las que actualmente desarrollan sus funciones jueces, juezas, magistrados y magistradas del Poder Judicial de Honduras. La investigación documenta vulneraciones al debido proceso, debilidades en el régimen disciplinario, así como distintos tipos de violencia, riesgos y presiones externas que afectan la independencia judicial y el ejercicio de la judicatura.
El informe, elaborado con base en evidencia normativa, jurisprudencial y testimonial, identifica patrones persistentes de afectación a garantías para el ejercicio de la función judicial, incluyendo asimetrías en los procedimientos disciplinarios, impactos económicos y profesionales derivados de las sanciones, así como efectos psicológicos y de seguridad enfrentados por operadores de justicia. Asimismo, advierte sobre la persistencia de prácticas contrarias a estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, pese a la jurisprudencia desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La jornada también permitió generar un espacio de diálogo interinstitucional entre la AJD y las instituciones que integran el Consejo Nacional de Protección, orientado a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, seguridad y protección para jueces y juezas. En ese sentido, la Asociación reiteró la importancia de garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio independiente de la función jurisdiccional, como elemento esencial para la protección del Estado de derecho y el acceso a la justicia.
Como parte de las recomendaciones del estudio, la AJD destacó cinco: i) Crear y poner en funcionamiento la Unidad Especial de Protección de Operadores Judiciales; ii) Garantizar el funcionamiento de dicha unidad bajo criterios técnicos, objetivos y verificables; iii) Protocolos claros y efectivos de coordinación entre dicha unidad y el MNP; iv) Basar la protección a operadore judiciales en análisis de riesgos periódicos, individualizados y contextuales; y v) Fortalecer medidas preventivas como protocolos de seguridad en sedes judiciales, rutas seguras de desplazamiento y otras.
Esta actividad se enriqueció con 10 participaciones de los representantes de las instituciones estatales integrantes del Consejo como el Ministerio Público, el Poder Judicial, el CONADEH y de la sociedad civil como el Colegio de Abogados, la Asociación de Fiscales, representantes de las ONG de DDHH y las juezas y jueces asistentes, quienes, entre otras cosas, felicitaron la elaboración del estudio y la exposición presentada, destacaron la importancia de revelar con datos concretos basado en evidencia estadísticas, testimonial y documental, la realidad difícil que enfrentan los juzgadores y juzgadoras, e hicieron diversas sugerencias para mejorar sus condiciones de seguridad.
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