La Independencia Judicial en Honduras nuevamente fue el centro del debate en la audiencia temática celebrada este 5 de agosto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Durante la sesión, organizaciones de la sociedad civil expusieron preocupaciones sobre la persistencia de prácticas que afectan la autonomía judicial y solicitaron al Estado la adopción de medidas acordes con los estándares interamericanos.
La AJD, en una comunicación remitida a la CIDH el 30/03/26, que las reformas derivadas del decreto 10-2026, reconcentran de funciones en el pleno de la Corte Suprema de Justicia, alterando el diseño institucional orientado a garantizar la separación funcional y la independencia judicial, y generando riesgos estructurales de injerencia interna y externa en el ejercicio de la función jurisdiccional. Además, habrían sido adoptadas mediante un procedimiento legislativo ordinario, sin observar el procedimiento agravado de reforma constitucional, pese a incidir directamente en disposiciones de rango constitucional.
También manifestó que la aplicación de la Ley de Juicio Político, genera un riesgo real y actual de afectación a las garantías judiciales y a la protección judicial efectiva, así como de repetición de violaciones previamente declaradas por la Corte Interamericana, particularmente en lo relativo a la estabilidad en el cargo, la independencia judicial y la prohibición de injerencias indebidas de otros poderes del Estado.
Por su parte, la representación del Estado defendió las acciones y reformas impulsadas para fortalecer el sistema de justicia, reafirmando su compromiso con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. La CIDH, a través de sus comisionados/as, formuló preguntas y observaciones dirigidas tanto al Estado como a las organizaciones peticionarias, enfatizando la importancia de garantizar una judicatura independiente, imparcial y libre de presiones, como pilar esencial del Estado de Derecho.
El Estado hondureño fue emplazado por la CIDH, para responder luego de la aplicación de juicios políticos que concluyeron con la destitución de los funcionarios de las instituciones como la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral.
“La CIDH recordó que la independencia judicial es esencial para la vigencia del Estado de derecho y la protección de los derechos humanos. Destacó que la audiencia contribuye a su mandato de monitoreo sobre Honduras, país al que ha dado seguimiento mediante informes y recomendaciones, varias de las cuales continúan pendientes”.
De acuerdo a jurisprudencia de la misma CIDH en las sentencias López Lone y Gutiérrez Navas vs Honduras, concluyó que, Honduras violó la independencia judicial al sancionar y destituir jueces sin respetar plenamente las garantías del debido proceso y ordenó al Estado adecuar su normativa para asegurar que los mecanismos de responsabilidad de jueces y magistrados sean compatibles con la Convención Americana. Diversos sectores como las organizaciones de sociedad civil y la AJD han manifestado públicamente que el Estado hondureño no cumplió con reformar sus leyes para estos casos.
Por ahora la CIDH deberá analizar y evaluar los argumentos y la documentación presentada por las partes, así como las respuestas ofrecidas durante la comparecencia, posteriormente puede solicitar información adicional y monitorear el caso, y en última instancia convocar a nuevas reuniones de trabajo.
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