La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), ante la opinión pública nacional e internacional, hace el siguiente pronunciamiento:
1.-Alerta ante el retroceso institucional: expresamos nuestra profunda preocupación ante las intenciones de ciertos sectores en el Congreso Nacional de realizar reformas legales en el Poder Judicial. Estas acciones, sin un consenso institucional previo ni participación directa de los verdaderos actores del Poder Judicial, representa una grave amenaza de intervención política directa del Poder Legislativo en el Poder Judicial.
2.- Amenaza real: trasciende que este día, lunes 02 de febrero, la bancada del Partido Nacional con el apoyo de diputados del Partido Liberal, se proponen reformar el decreto legislativo 282-2010, con el propósito de despojar a la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de las facultades administrativas para organizar y dirigir administrativamente el Poder Judicial.
3.- Antecedentes del caso: el decreto 282-2010 fue aprobado en mayo de 2010 durante la administración del Abogado Jorge Rivera Avilez (2009-2016) y desde entonces viene aplicándose. Con este instrumento legal ejerció también las funciones administrativas el Abogado Rolando Argueta cuando fungió como Presidente de la Corte Suprema de Justicia en el período de 2016-2022.
4.-Grave riesgo de cooptación: alertamos que reformar el decreto 282-2010 para despojar a la Presidenta de la CSJ de las funciones administrativas, entre ellas, la de nombrar y ascender jueces(zas), magistrados(as) y la función disciplinaria, supondría en el contexto actual —caracterizado por la baja credibilidad y la débil presencia institucional– consolidar la politización del sistema de justicia y atentar contra la independencia judicial, principio que es fundamental para la democracia.
5.-Llamado a la acción: exigimos el respeto absoluto a la separación de poderes y a la independencia del Poder Judicial y solicitamos a la sociedad civil organizada y a la comunidad internacional mantenerse vigilantes para evitar que el Poder Legislativo imponga agendas que quebranten la institucionalidad judicial.
6.-Como AJD, reafirmamos que cualquier reforma al Poder Judicial, sin una lectura del pasado reciente durante el cual se instrumentalizó negativamente la justicia con la cooptación y la concentración de todos los poderes del Estado, acarrearía un grave retroceso democrático. Pretender impulsar reformas en el Poder Judicial sin que surjan de la consulta con la CSJ y las asociaciones judiciales, basadas en el consenso y en el fortalecimiento de la independencia judicial, no en la subordinación de jueces y magistrados a intereses políticos, constituye un golpe técnico a la institucionalidad y una intromisión directa del Poder Legislativo a la autonomía e independencia del Poder Judicial.
San Pedro Sula, Cortés, a los 2 días de febrero del año 2026.
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
ASOCIACIÓN DE JUECES POR LA DEMOCRACIA
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