La Junta Directiva Nacional de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), fiel a sus principios de defensa de los derechos humanos, la independencia judicial y la equidad social, se dirige en principio a nuestros afiliados y afiliadas, a las organizaciones sociales, a la sociedad hondureña en general, así como a la comunidad internacional, para manifestar lo siguiente:
1.- El reciente traslado del Juzgado de Paz de Santa Rosa de Aguán (departamento de Colón) a la comunidad de Dos Bocas ha generado controversia y rechazo por parte de pobladores y autoridades locales. Ante esta situación, autoridades del Poder Judicial manifestaron que el juzgado fue reubicado a un nuevo edificio debido a que las instalaciones anteriores no reunían las condiciones adecuadas. El cambio ha traído como consecuencia, descontento y rechazo por los habitantes y el pueblo garífuna de Santa Rosa de Aguán, quienes argumentan falta de consulta previa.
2.- Reconocimiento de derechos ancestrales: las actuaciones de los órganos jurisdiccionales deben comprender integralmente la idiosincrasia y la identidad colectiva de los pueblos originarios y, en particular, del pueblo Garífuna en la zona atlántica, cuya relación con sus territorios y recursos es vital para su supervivencia cultural.
3.- Garantía del acceso a la justicia e infraestructura digna: el acceso a una justicia pronta, completa e imparcial es un derecho humano fundamental. Exigimos la dotación y uso de instalaciones judiciales idóneas que cuenten con condiciones reales de accesibilidad para toda la población, rompiendo las barreras físicas y geográficas que profundizan la indefensión en zonas de vulnerabilidades como Santa Rosa de Aguán.
4.- Fortalecimiento urgente del talento humano en Colón: denunciamos el alarmante déficit institucional en el departamento de Colón. Es imperativo que la Corte Suprema de Justicia atienda de inmediato la falta de jueces de paz, de escribientes y de secretarios en la región. Sin el personal técnico y jurisdiccional mínimo, el colapso del sistema es inevitable y se anula el derecho de las comunidades a la tutela judicial efectiva.
5. Protección a la judicatura de primera línea: exigimos la salvaguarda de la vida y la integridad física de los jueces y juezas que laboran en el departamento de Colón. Quienes ejercen la función jurisdiccional en esta zona actúan en una verdadera primera línea de vulnerabilidad, expuestos a acosos y represalias en un contexto de alta conflictividad. No se puede impartir justicia bajo el yugo del temor, de presiones fácticas o de amenazas a su integridad.
6.- Adopción de medidas administrativas y políticas públicas de seguridad: hacemos un respetuoso llamado a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, así como a las entidades responsables de la seguridad pública, a que adopten medidas urgentes encaminadas al resguardo de la vida y la integridad física de todos los actores participantes en estos conflictos. Asimismo, instamos a implementar las reformas administrativas y jurisdiccionales necesarias que garanticen los derechos humanos y rescaten la dignidad de la función judicial en esa región del país.
7. Llamado al diálogo, consulta previa e interseccionalidad: instamos a la apertura de espacios de diálogo genuinos, técnicos, inclusivos y multisectoriales, sustentados en una evaluación objetiva de las circunstancias existentes en el departamento de Colón y, particularmente, en Santa Rosa de Aguán. En las decisiones institucionales debe garantizarse una participación efectiva de las comunidades involucradas, considerando criterios como identidad étnica, condiciones socioeconómicas, ubicación
geográfica y demás factores que puedan generar vulnerabilidad. Cuando una decisión pueda afectar directamente los derechos e intereses colectivos del pueblo Garífuna deberán observarse los estándares nacionales e internacionales aplicables en materia de consulta previa, libre e informada.
8. Sostenimiento de la paz social y debido proceso: el sostenimiento de la paz social y el debido proceso constituyen herramientas de trabajo necesarias para la correcta aplicación del derecho en la administración de justicia, tanto en el departamento de Colón como en el resto del país. La paz social y la legalidad no se imponen, sino que se construyen garantizando de forma irrestricta la seguridad jurídica, la imparcialidad judicial y la dignidad humana de todos los habitantes.
La AJD reitera su compromiso inquebrantable con una justicia democrática, incluyente y garante de la paz, así como con la protección integral, solidaria y digna de quienes arriesgan su vida para impartirla.
Tegucigalpa, a los 12 días del mes de octubre de 2026.
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
ASOCIACIÓN DE JUECES POR LA DEMOCRACIA
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