Ante la problemática de condiciones laborales que limitan la eficacia en la administración de justicia en diferentes sedes judiciales, ocasionando afectación en el acceso a la justicia y los derechos de los jueces, juezas, empleados y funcionarios, la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), se pronuncia en los términos siguientes:
1. Estándares internacionales en el sistema de justicia
Las condiciones laborales precarias en los tribunales de justicia, especialmente en los edificios de la avenida La Paz en Tegucigalpa, tales como el acceso severamente limitado a servicios sanitarios, el hacinamiento crítico en oficinas, alas de audiencias y la inexistencia de estacionamiento para auxiliares judiciales, constituyen una violación directa a los estándares internacionales de derechos humanos.
Estas deficiencias de infraestructura no solo menoscaban la integridad física y mental de los servidores de la justicia, sino que también impactan negativamente en el derecho de la ciudadanía a un acceso a la justicia de manera oportuna, digna y eficaz.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en su artículo 7, consagra el derecho de todo trabajador a gozar de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, garantizando especialmente la seguridad y la higiene en el trabajo.
2. Afectación a la independencia judicial y a la eficiencia del sistema
Los Principios Básicos de las Naciones Unidas Relativos a la Independencia de la Judicatura imponen a los Estados la obligación de proporcionar los recursos adecuados para que el Poder Judicial desempeñe sus funciones de manera apropiada.
La falta de espacio físico para oficinas y la carencia de salas aptas para la realización de audiencias afecta la operatividad y eficacia del sistema de justicia. Esto genera retrasos procesales excesivos, atenta contra el principio de publicidad y menoscaba la solemnidad y el decoro indispensables en la administración de justicia.
3. Discriminación laboral en el acceso a infraestructura básica
La exclusión del personal auxiliar del acceso a estacionamientos seguros dentro de las nuevas sedes judiciales, obligándoles a exponer sus bienes en la vía pública o incurrir en costos desproporcionados, introduce una distinción arbitraria que afecta la seguridad y el bienestar de dicho personal que cumple funciones esenciales para el desempeño cotidiano de los órganos jurisdiccionales.
Exigencias y recomendaciones desde la AJD
En virtud de los compromisos internacionales adquiridos en materia de derechos humanos y laborales, se formula un respetuoso llamado a las máximas autoridades del Poder Judicial para que adopten las siguientes medidas:
- Auditoría de infraestructura y salud ocupacional: ejecutar de inmediato una evaluación técnica en los dos (2) centros de tribunales de justicia de la avenida La Paz y en el edificio en la colonia El Prado, para corregir el déficit de servicios sanitarios, instalaciones, parqueos y readecuar las áreas de oficinas en donde fuera pertinente.
- Habilitación de espacios dignos para audiencias: garantizar que las salas de audiencia reúnan los requisitos de espacio, seguridad y acceso público necesarios para cumplir con las garantías del debido proceso.
- Soluciones equitativas de logística y parqueo: resolver la problemática de estacionamiento para el personal auxiliar judicial mediante alternativas que no trasladen el costo de la ineficiencia de diseño al bolsillo ni a la seguridad de los empleados y funcionarios.
Tegucigalpa, 13 de octubre del 2026
ASOCIACIÓN DE JUECES POR LA DEMOCRACIA
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
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