La Asociación de Jueces por la Democracia invitó al abogado Edgar Pérez, director ejecutivo del Bufete Jurídico de Derechos Humanos /(BDH) de Guatemala para realizar el diplomado sobre litigio estratégico para organizaciones de Derechos Humanos de Honduras.
Edgar Pérez y el BDH representa gratuitamente a las organizaciones de víctimas en procesos judiciales abiertos por violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno y otras violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado y en la actualidad en Guatemala. “Tener la convicción de que luchamos por cosas justas, para que un país sea más igualitario nos lleva a hacer esta lucha que a veces parece utópica. Antes se decía que en Guatemala no hubo genocidio, ahora tenemos ya dos sentencias que dicen que sí hubo genocidio”, dice Pérez poniendo como ejemplo el trabajo que ha realizado en Guatemala para compartir las experiencias con los abogados que tomaron el diplomado esta semana en San Pedro Sula.
Entre los procesos judiciales para la recuperación de la memoria histórica en los que participan Pérez y el BDH, destacan: el proceso por la desaparición, tortura y ejecución extrajudicial del comandante guerrillero Efraín Bámaca Velásquez en 1992; la masacre en la comunidad Las Dos Erres, Petén, en 1982; la masacre en la comunidad Río Negro, Alta Verapaz, en 1982; la masacre de la quema de la Embajada de España, en 1980; el genocidio contra el pueblo Ixil; la desaparición, entre 1981 y 1988, de civiles en la antigua Zona Militar 21 de Alta Verapaz, también conocida como CREOMPAZ.
Juana Esquivel, directora de la Fundación San Alonso Rodríguez de Tocoa, Colón asegura que es una necesidad de las organizaciones de sociedad sivil formarse para tener una visión integral de los casos emblemáticos que acompañan, en el caso de esta fundación, los procesos judiciales contra personas en defensa de los recursos naturales en la comunidad de Guapinol.
“La visión integral en los casos que manejamos las organizaciones es básica porque se tiene una visión de los casos solo desde el punto de vista jurídico o solo del punto de vista social, estamos viendo los casos emblemáticos, como en el caso nuestro del caso de Guapinol, de una manera muy dispersa, la forma integral de los casos es fundamental para entender las causas estructurales y la magnitud de los conflictos en los territorios y el reto es integrar todos los elementos que necesitamos en los procesos de lucha y lograr la articulación de un equipo que pueda tener esta visión integral”, explicó.
Este es el segundo módulo del diplomado sobre litigio estratégico con abogados de DDHH que en Honduras “hacen una tarea titánica”, describió Pérez, en la lucha contra la impunidad pero también en la defensa de defensores y defensoras del territorio y los recursos naturales.
“Esto nace de un intercambio de experiencias, basado en la misma experiencia del caso propio, 22 años en el ejercicio de a defensa de DDHH y de allí nace la necesidad de estructurar de una forma metodológica y pedagógica con tres elementos importantes: ¿qué es el litigio estratégico? ¿como se construye? ¿donde debe incidir el litigio? En esta segunda fase estamos desarrollando todo el tema del derecho probatorio, qué es la prueba, cómo se valora la prueba, cómo se construye un caso a través de la teoría del caso que lleva tres líneas: los hechos, la calificación jurídica y la prueba”, explicó Pérez.
Uno de los temas abordados en esta etapa del diplomado fue justamente los desafíos en la región en temas de Derechos Humanos, desafíos que van desde la lucha por el acceso a la justicia en una diversidad temática y el uso indebido del derecho penal como una herramienta represiva contra el derecho de defender derechos, la criminalización de defensores.
El abogado Edgar Pérez también explicó que en el diplomado hablarán sobre cuando se agota el sistema de justicia del país y se ven en la necesidad de acudir a un sistema regional sea este de DDHH o de derecho internacional para exigir que se respeten los derechos de las personas representadas y eso tiene que ver con el ejercicio del uso del sistema interamericano de derechos humanos. Agregó además que el litigio estratégico también pretende hacer cambios en las políticas públicas, sentar precedentes y que se genere mayor acceso a la justicia de manera igualitaria.
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