La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) expresa su más enérgica condena ante el atentado armado perpetrado contra el Juez de Letras de lo Penal, Julio Enrique Rodríguez Ramírez, ocurrido la tarde del 3 de junio de 2026 en la colonia El Country, de Comayagüela.
Este grave hecho de violencia, que mantiene al funcionario judicial gravemente herido, bajo atención médica y resguardo policial, constituye un ataque no solo contra la integridad de un servidor público, sino también contra la independencia judicial, el Estado de Derecho y el adecuado funcionamiento del sistema de justicia hondureño.
La AJD recuerda que, apenas el día 28 de mayo de 2026, en San Pedro Sula, presentó ante el Consejo Nacional de Protección, integrado por diversas instituciones del Estado y de la sociedad civil, los resultados de la investigación “Jueces víctimas: Procedimientos disciplinarios, debido proceso, violencias y riesgos en el ejercicio de la judicatura (2020-2025)”. Dicho informe documenta, mediante evidencia normativa y testimonial, la existencia de riesgos reales para operadores de justicia, así como debilidades estructurales en los mecanismos de prevención y protección.
Ante estos hechos, exigimos a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), al Ministerio Público y a las demás autoridades competentes el desarrollo de una investigación pronta, seria, independiente, objetiva y exhaustiva que permita identificar a los autores materiales e intelectuales del atentado, determinar los móviles del hecho y garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia. Resulta indispensable que las investigaciones contemplen todas las líneas posibles, incluyendo aquellas relacionadas con el ejercicio de la función jurisdiccional del juez afectado, evitando cualquier forma de impunidad.
Igualmente, demandamos la adopción inmediata de medidas de protección reforzadas para el juez Julio Enrique Rodríguez Ramírez, su núcleo familiar y cualquier otro operador de justicia que pudiera encontrarse en situación de riesgo. Asimismo, instamos al Mecanismo Nacional de Protección, a la Corte Suprema de Justicia y a las instituciones de seguridad del Estado a revisar y fortalecer los protocolos para la prevención de agresiones contra jueces, juezas, magistrados y magistradas en todo el territorio nacional.
En particular animamos a la Corte Suprema de Justicia, a retomar e implementar las recomendaciones del estudio citado, entre ellas: i) Crear y poner en funcionamiento la Unidad Especial de Protección de Operadores Judiciales; ii) Garantizar el funcionamiento de dicha unidad bajo criterios técnicos, objetivos y verificables; iii) Protocolos claros y efectivos de coordinación entre dicha unidad y el MNP; y iv) Basar la protección a jueces y operadore judiciales en análisis de riesgos periódicos, individualizados y contextualizados.
La Asociación de Jueces por la Democracia expresa su plena solidaridad con el juez Julio Enrique Rodríguez Ramírez, su familia, compañeros y compañeras de trabajo. La protección de quienes imparten justicia es una condición indispensable para la vigencia del Estado democrático de derecho en Honduras.
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