El 16/01/2025, en las oficinas de la AJD, se recibió la visita del Abogado Joseph Berra, profesor y director de la Clínica de Derechos Humanos en Acción de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, EE.UU. y cuatro estudiantes de grado y postgrado de dicha universidad, con quienes se realizó un intercambio de opiniones sobre diversos temas vinculados a la administración de justicia, la democracia y los derechos humanos. Por parte de la AJD participaron la Abogada Flavia Linares, secretaria de la Junta Directiva; el Juez Claudio Casco, integrante del Tribunal de Honor de la AJD, así como integrantes del Equipo Técnico.
El profesor Berra explicó que esta visita forma parte de la metodología de enseñanza desarrollada por él en la UCLA, que además del aprendizaje tradicional, tiene otros dos componentes: el trabajo colaborativo con universidades hermanas de otros países y los “Encuentros del saber”, que consisten en intercambio pedagógicos con organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales como el OACNUDH en Honduras. Luego propuso desarrollar el coloquio alrededor de dos bloques temáticos: 1) Naturaleza, origen y objetivos de la AJD; y 2) Situación y logros del sistema judicial en Honduras y su rol de protección de los derechos humanos.
Sobre el primer bloque, tanto la jueza Flavia como el juez Casco explicaron que la AJD es una organización gremial integrada por 154 jueces y juezas de todo el país, que tiene como objetivos la defensa de la independencia judicial, la lucha por una carrera judicial basada en la meritocracia, la promoción de la democracia, el Estado Constitucional de Derecho y los derechos humanos. Nació legalmente en 2006, por lo que este año cumplirá 20 años de existencia, pero sus primeras expresiones organizativas se remontan a unos años atrás.
Destacaron la lucha que libraron los jueces y juezas fundadoras por lograr su personalidad jurídica, en un contexto histórico que no era favorable a este tipo de asociaciones, así como su participación en las movilizaciones en contra del golpe de Estado de 2009, que conllevaron a la destitución ilegal y arbitraria de varios de sus miembros como jueces, lo que posteriormente fue revertido mediante la sentencia López Lone vs. Honduras de la Corte IDH que, entre otras cosas, reconoce el derecho de jueces y juezas a participar en actos de protesta púbica por la defensa de la Constitución, el Estado de Derecho y los derechos humanos.
En cuanto al segundo bloque, la Jueza Linares afirmó que uno de los principales logros del sistema judicial, bajo la Corte Suprema de Justicia actual, ha sido la mayor promoción de la defensa de los derechos de las mujeres víctimas de violencia basada en género, impulsada especialmente por su presidenta y por la magistrada Rubenia Galeano, ex afiliada a la AJD, así como el uso del control de convencionalidad para garantizar el acceso a la justicia a las mujeres y otros sectores en condición de vulnerabilidad.
El Juez Casco complementó esta respuesta al afirmar que el control de convencionalidad también ha sido impulsado por la AJD y esto ha permitido que algunos jueces y juezas emitan sentencias de mayor calidad y mejor protección a los derechos humanos. Agregó que el mayor logro en los años recientes ha sido un mejor respeto a la independencia judicial en comparación con administraciones anteriores del Poder Judicial, puesto que no se han desatado destituciones continuas y selectivas de jueces como en otros períodos.
Los integrantes del Equipo Técnico agregaron que se han emitido sentencias que han aplicado el control de convencionalidad y la perspectiva de género como el caso “Alejandra”, en la que la ponente fue la jueza Fany Bennett, presidenta de la AJD, utilizada como insumo para procesos de formación judicial por parte de la CSJ. También la sentencia de inconstitucionalidad de las ZEDES emitida por la Corte Suprema actual y la inclusión de esta, en su Plan Estratégico, del impulso de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial y nueva Ley de la Carrera Judicial. Al respecto, la AJD presentó en 2025 a dicho órgano de Estado, los respectivos anteproyectos de ley.
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