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El pasado 10 de mayo del año en curso se publicó en el diario oficial La Gaceta el decreto 130-2017, que contiene el nuevo Código Penal, que entrará en vigencia el 10 de noviembre, de conformidad al artículo 635 que establece el plazo de seis (6) meses que mediara entre la publicación y la vigencia efectiva de esta normativa penal. Desde la Asociación de Jueces por la Democracia, nos hemos impuesto el estudio sistemático de este nuevo Código Penal, y en consideración a la discusión en diversos foros concluimos lo siguiente:
I. Que resulta a todas luces irresponsable que a un nuevo Código Penal, el Poder Legislativo le conceda seis (6) meses de vacatio legis o periodo para su conocimiento, tiempo que resulta insuficiente para que los operadores judiciales se apropien de esta normativa y para que se preparen las condiciones para su entrada en vigencia.
II. Con tan poco tiempo para su divulgación y siendo el nuevo Código Penal una normativa que incorpora nuevas líneas sistemáticas de carácter dogmático-penal, el riesgo de una aplicación defectuosa es grande, y contrasta con otros código o leyes penales que tuvieron al menos dos (2) años de vacatio legis, tal es el caso del Código Procesal Civil, el Código Procesal Penal y el Código Penal de 1983 que entro en vigencia en 1985.
III. La nueva normativa penal que tendría que entrar en vigencia dentro de aproximadamente dos meses, requiere condiciones institucionales que no pueden garantizarse en tan corto tiempo, en concreto: los jueces, juezas y fiscales no conocen esta normativa, y no se han preparado las instituciones para el nuevo sistema de penas y, en general, para la vigencia de este nuevo Código penal.
IV. Por otro lado, es un hecho constatado en los foros públicos que el nuevo Código Penal contiene definiciones de tipos penales que desde varios sectores se exige su revisión, derogacion o reforma, particularmente en lo que tiene que ver con delitos contra la Administración Publica, contra la libertad de expresión, delitos contra la libertad sexual, tipos penales que restringirían o limitan de forma excesiva derechos fundamentales, etc.
Bajo estas consideraciones, la Asociación de Jueces por la Democracia, solicita al Congreso Nacional:
a) Que previo a la entrada en vigencia del Nuevo Código Penal se reforme el artículo 635 relativo a la vigencia de esta nueva normativa y que se amplíe el plazo de vacatio legis hasta el diez (10) de mayo del año 2021.
b) Que la ampliación del plazo para la entrada en vigencia se aproveche para la socialización de este nuevo Código Penal, y que el Congreso Nacional proceda en este espacio de tiempo a realizar las reformas o peticiones que le planteen los espacios de sociedad civil y los operadores de justicia.
04 de septiembre de 2019.
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
ASOCIACIÓN DE JUECES POR LA DEMOCRACIA
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