AJD informa situación de operadores de justicia en Honduras a Relator de Naciones Unidas

Las temáticas abordadas giraron en torno a la pérdida de credibilidad e independencia del poder judicial, el incumplimiento de la sentencia López Lone vrs. Honduras y la derogación de la ley del consejo de la judicatura, respecto de lo cual puntualizaron que la derogación de la referida ley ha dejado como consecuencia la desaparición de la institución del Consejo de la Judicatura, que normativamente estaba orientado a separar la función administrativa de la jurisdiccional y a desconcentrar las funciones de carrera judicial en la Corte Suprema de Justicia, lo que formalmente creaba condiciones para que los jueces y magistrados fueran nombrados conforme a mérito y calificaciones debidamente acreditadas.

Sobre la situación actual del ingreso y ascensos en el Poder Judicial, indicaron al relator que actualmente está en proceso un concurso para nombramiento de jueces y magistrados, el cual ha sido seriamente cuestionado por no contar con garantías mínimas, la irregularidad mayor de este concurso es que del lote o número de plazas disponibles, la gran mayoría de las mismas ya están ocupadas en condición de interinatos.

Señalaron también la incidencia de amenazas y actos intimidatorios que limitan la independencia judicial como los que se han evidenciado recientemente en contra de la Jueza Vera Barahona, que conoce el proceso penal de la Señora Rosa Elena Bonilla de Lobo, en contraposición de la ausencia de avances en la implementación y funcionalidad del mecanismo de protección para jueces en el ejercicio de sus funciones.

Finalmente, como uno de los temas coyunturales de mayor preocupación e impacto en la independencia judicial se planteó las condiciones bajo las cuales se está llevando a cabo el proceso de elección del Fiscal General y Fiscal Adjunto, reiterando que desde las organizaciones de sociedad civil se ha insistido en que representa una oportunidad para repensar el Ministerio Público en el sentido de contrarrestar la impunidad de los corruptos, hasta ahora intocables, y promover la construcción de un perfil idóneo diferenciado de los requisitos mínimos que existen en la ley.