En el marco conmemorativo de su XX aniversario, la Asociación de Jueces por la Democracia realizó un seminario especializado para jueces y juezas en materia de acceso a la justicia para personas en condición de vulnerabilidad, mediante el análisis de estándares internacionales de derechos humanos y herramientas para la toma de decisiones con enfoque diferenciado e interseccionalidad. La actividad contó con la participación del experto internacional, de origen guatemalteco, Dr. Alejandro
Rodríguez Barillas, especialista en derechos humanos, administración de justicia y política criminal.
Las palabras de bienvenida e inauguración estuvieron a cargo de la abogada América Moncada, vicepresidenta de la Junta Directiva de la AJD, quien destacó la importancia de mantener procesos continuos de formación para responder a las necesidades de fortalecimiento profesional de la judicatura hondureña. Señaló que estas iniciativas contribuyen a ampliar las oportunidades de capacitación, permitiendo que más jueces y juezas accedan a conocimientos y herramientas fundamentales para el ejercicio de sus funciones.
Moncada resaltó, además, la pertinencia de los temas impulsados por la asociación, entre ellos el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, la interseccionalidad y el control de convencionalidad, enfoques que contribuyen a fortalecer el papel de quienes administran justicia como garantes de los derechos humanos. En el contexto de los 20 años de la AJD, también hizo un llamado a preservar la identidad y la unidad organizacional, invitando a sus afiliados y afiliadas a sentirse orgullosos de pertenecer a una asociación comprometida con el Estado de derecho, la democracia y la defensa de los derechos fundamentales.
El seminario se organizó en dos bloques temáticos, cuya metodología y objetivos fueron explicados por el subcoordinador del Equipo Técnico de la AJD, abogado Jaime Martínez. El primero estuvo dedicado a los estándares internacionales sobre acceso a la justicia y las obligaciones del Estado frente a grupos en condición de vulnerabilidad; el segundo abordó las buenas prácticas judiciales y las herramientas para la toma de decisiones con enfoque diferenciado. Ambos estuvieron a cargo del Dr. Alejandro Rodríguez Barillas, quien además es integrante de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG) y asesor de la organización internacional Impunity Watch.
La metodología combinó ponencias magistrales, exposiciones interactivas y foros abiertos, con el propósito de fomentar el intercambio de experiencias, responder inquietudes y promover la reflexión colectiva sobre los desafíos que enfrenta la judicatura al aplicar los estándares internacionales en su trabajo cotidiano. Estos espacios permitieron a las personas participantes plantear preguntas, compartir experiencias y analizar propuestas orientadas a mejorar las prácticas judiciales desde una perspectiva de derechos humanos.
Estándares internacionales y perspectiva de género en la función judicial
Durante el primer bloque, el expositor desarrolló la ponencia “Acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, según los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”. A partir de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), explicó las obligaciones de los Estados de respetar y garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación.
En este contexto, profundizó en el principio de igualdad y no discriminación, retomando los criterios establecidos por la Corte IDH en su Opinión Consultiva OC-4/84, que vincula la igualdad con la dignidad humana y rechaza cualquier forma de privilegio injustificado o exclusión en el ejercicio de los derechos. El análisis incluyó un recorrido por los principales instrumentos jurídicos que protegen a cuatro sectores especialmente relevantes para la labor judicial: la niñez, las mujeres, las personas con discapacidad y los pueblos indígenas.
Como parte de este bloque, Rodríguez Barillas presentó una segunda ponencia denominada “Estándares de acceso a la justicia con perspectiva de género”, en la que abordó las obligaciones de Honduras en la prevención, detección, investigación, sanción y reparación de la violencia contra las mujeres y la violencia basada en género. Para ello, examinó instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención de Belém do Pará, la Convención sobre los Derechos del Niño y las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad.
Entre los principales criterios expuestos destacó la necesidad de adaptar las garantías procesales a las necesidades de protección especial de las víctimas, evitar la revictimización, garantizar atención psicológica cuando corresponda, prevenir la confrontación visual innecesaria con el agresor y evitar preguntas que lesionen la dignidad o la intimidad de las mujeres. Asimismo, subrayó la importancia de impedir que los estereotipos de género condicionen la valoración de las pruebas y las decisiones judiciales.
El especialista también explicó que la investigación y el juzgamiento de los casos de violencia contra las mujeres requieren comprender las causas y los contextos en los que se produce la violencia, identificar los hechos relevantes y analizarlos desde una perspectiva de género. Este enfoque permite examinar adecuadamente los efectos de la violencia y las circunstancias particulares de cada caso, favoreciendo decisiones judiciales fundamentadas y respetuosas de los derechos de las víctimas. La perspectiva de género abordada en la jornada incluyó también los desafíos de acceso a la justicia que enfrenta la población LGBTIQ+.
Protección especial de niñas y niños víctimas de delitos
El segundo bloque incluyó la tercera ponencia “Acceso a la justicia para niños y niñas víctimas de delitos”, centrada en las obligaciones reforzadas que deben cumplir los Estados cuando se trata de hechos de violencia o delitos cometidos contra la niñez. El expositor destacó el deber de debida diligencia reforzada, la prevención de la revictimización y la aplicación de las perspectivas de género y de niñez para garantizar las medidas de protección necesarias durante la investigación y el proceso penal.
Uno de los puntos centrales fue el principio del interés superior del niño, entendido como una consideración primordial para garantizar el disfrute efectivo de todos sus derechos y su desarrollo integral en las dimensiones física, mental, espiritual, moral, psicológica y social. En referencia a la Observación General número 14 del Comité de los Derechos del Niño, el especialista recordó que este principio debe orientar las actuaciones de las autoridades y no puede utilizarse para justificar interpretaciones
que menoscaben los derechos reconocidos a niñas y niños.
Asimismo, se abordaron los estándares interamericanos sobre el derecho de niñas, niños y adolescentes a expresar sus opiniones y ser escuchados durante las distintas etapas de los procedimientos judiciales, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. El expositor destacó que, en casos de violencia sexual contra personas menores de edad, la Corte IDH ha establecido la exigencia de una celeridad reforzada, en atención al interés superior de la niñez, como lo recoge la sentencia del caso V.R.P., V.P.C. y otros vs. Nicaragua, de 8 de marzo de 2018.
A lo largo de las tres exposiciones, las juezas y los jueces participantes intervinieron mediante preguntas, comentarios y experiencias relacionadas con los desafíos de aplicar estos estándares en el contexto hondureño. Los foros abiertos desarrollados al cierre de cada ponencia propiciaron el intercambio de conocimientos y la reflexión colectiva sobre las medidas que pueden contribuir a una atención judicial más accesible, especializada y respetuosa de la dignidad de las personas.
Las palabras de clausura estuvieron a cargo del coordinador del Equipo Técnico de la AJD, quien dio cierre a la jornada formativa. Con esta iniciativa, la asociación reafirma su apuesta por la capacitación continua de jueces y juezas como una herramienta esencial para fortalecer la administración de justicia y promover decisiones judiciales fundamentadas en los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
Al conmemorar 20 años de trabajo, la AJD mantiene su compromiso con una judicatura independiente, capacitada y consciente de su responsabilidad frente a la sociedad. La formación especializada, el intercambio de experiencias y la promoción de buenas prácticas constituyen parte de los esfuerzos de la organización para contribuir a que las personas, especialmente quienes enfrentan mayores barreras y situaciones de vulnerabilidad, puedan ejercer sus derechos y encontrar una respuesta efectiva en el sistema de justicia hondureño.
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