La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), en cumplimiento de sus mandatos estatutarios de defensa de la independencia judicial, la dignidad de la función jurisdiccional y el respeto irrestricto a los derechos humanos, ante la opinión pública manifiesta su alta preocupación y enérgico rechazo frente a las recientes campañas de descalificación dirigidas hacia los jueces y juezas que se encuentran resolviendo distintas causas judiciales:
1. Es motivo de profunda alarma para esta asociación el avance de sistemáticas campañas de desprestigio y el nivel de despreocupación e inacción mostrado por los diversos órganos del Estado, quienes ignoran las obligaciones constitucionales y los estándares internacionales de derechos humanos.
2. El Estado tiene el deber imperativo de cumplir con las recomendaciones y opiniones consultivas de los sistemas internacionales de protección, los cuales exigen garantizar un entorno seguro, libre de presiones y con las debidas garantías de estabilidad para el ejercicio independiente de la judicatura. La falta de estos mecanismos institucionales frente a tales campañas de desprestigio deja a los operadores de justicia en una situación de alta vulnerabilidad frente a injerencias externas.
3. Si bien rechazamos categóricamente cualquier agresión dirigida contra la totalidad de los miembros de la judicatura, hacemos un especial énfasis de denuncia sobre aquellos ataques que implican una vulneración por afectación al género.
4. Las descalificaciones y agravios fundamentados en estereotipos de género constituyen una forma grave de violencia política que atenta de manera diferenciada y desproporcionada contra la dignidad de las juezas, debilitando la equidad y la neutralidad del sistema de justicia.
5. Asimismo, advertimos con preocupación que este tipo de discursos destructivos son difundidos o amplificados por sectores que olvidan los compromisos éticos de los medios de comunicación; si bien defendemos de manera absoluta la libertad de expresión, esta no debe instrumentalizarse para ejercer violencia de género ni para minar la independencia de los tribunales.
En base a lo planteado, la AJD, EXIGE:
1. A la Corte Suprema de Justicia y a su presidencia: asumir plenamente su compromiso institucional de protección a la judicatura. Es indispensable que se activen y garanticen de manera oportuna los mecanismos de resguardo necesarios para preservar la integridad, seguridad y paz profesional de cada juez y jueza en el ejercicio legítimo de sus funciones.
2. La adopción de una política de protección comunicacional: diseñar e implementar de forma prioritaria una estrategia de protección comunicacional activa. El Poder Judicial debe emitir una postura institucional firme y pública que actúe como un dique de contención ante los linchamientos mediáticos, dejando claro que la función y la investidura judicial están protegidas frente a coacciones externas.
3. A los órganos del Estado y colegios profesionales: romper el estado de pasividad y activar de manera inmediata los protocolos institucionales orientados a salvaguardar la integridad física, psicológica y profesional de los jueces y juezas bajo ataque.
4. A los medios de comunicación y periodistas: elevar el debate público respetando los estándares internacionales de derechos humanos, evitando la difusión de contenidos que promuevan la discriminación, el sexismo y la violencia de género en contra de operadoras y operadores de justicia.
5. A la sociedad civil organizada y organismos internacionales de derechos humanos: mantenerse vigilantes ante estos atropellos que vulneran el Estado de Derecho y respaldar el cumplimiento de las garantías de estabilidad e independencia para el ejercicio judicial.
Dado en la república de Honduras, a los 23 días del mes de septiembre de 2026.
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
ASOCIACIÓN DE JUECES POR LA DEMOCRACIA
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