La presidenta Fany Bennett y el Coordinador del Equipo Técnico, Guillermo López Lone, de la AJD, participaron en el acto público de reconocimiento de responsabilidad del Estado, por la destitución arbitraria e ilegal de tres magistrados y una magistrada de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, realizada por el Congreso Nacional el 12 de diciembre de 2012, como parte del cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dictó la responsabilidad internacional del Estado en el caso Gutiérrez Navas vs. Honduras, mediante sentencia del 29 de noviembre de 2023.
La Corte declaró la responsabilidad de Honduras por la destitución arbitraria e ilegal de José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira, quienes eran magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras. Se constató la violación de varios derechos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, incluyendo las garantías judiciales, el principio de legalidad, los derechos políticos, el derecho a la protección judicial y el derecho a la estabilidad laboral.
En esta sentencia, la Corte reiteró que la garantía de estabilidad e inamovilidad judicial implica que: (i) la separación del cargo debe obedecer exclusivamente a causales permitidas, ya sea por medio de un proceso que cumpla con las garantías judiciales o porque se ha cumplido el término o período del mandato; (ii) los jueces y juezas solo pueden ser destituidos o destituidas por faltas de disciplina graves o incompetencia, y (iii) todo proceso seguido en su contra debe resolverse de acuerdo con las normas de comportamiento judicial establecidas y mediante procedimientos justos, objetivos e imparciales, según la Constitución o la ley, tal
como lo sostuvo con anterioridad en los casos López Lone vs. Honduras (2015) y Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) Vs. Ecuador (2013). En el referido caso el Estado aceptó su responsabilidad por varias violaciones, excepto aquellas relacionadas con el derecho a la integridad personal (artículo 5 de la Convención Americana). La Corte IDH ordenó varias medidas de reparación, entre ellas compensaciones monetarias, un acto público de reconocimiento de responsabilidad y la publicación de la sentencia, así como la adopción de medidas legislativas para adecuar el ordenamiento jurídico interno e impedir la repetición de casos como este.
Al acto público de reconocimiento de responsabilidad y en representación del Estado hondureño, asistieron el presidente del Congreso Nacional Luis Redondo, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia Rebeca Ráquel Obando, la designada presidencial Doris Gutiérrez, la ministra de Derechos Humanos Angelica Álvarez y el procurador general del Estado Manuel Díaz.
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