San Pedro Sula, Honduras (AJD).- Tres son los decretos legislativos que deben ser derogados en el Congreso Nacional (CN), para que Honduras avance en el combate a la corrupción y que el Ministerio Público (MP) tenga la posibilidad de acceder a la información pública e Investigar casos de corrupción.
El primer decreto es el 116-2019, Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de cuentas de fondos públicos para proyectos de orden social, Comunitarios, infraestructura y Programas sociales.
Así mismo, el segundo decreto es el 57-2020, específicamente en la interpretación a los Artículos 217, 219 y 220 del Código Procesal Penal y Articulo 8 numeral 1.
“Este decreto nos limita en el decomiso de documentación que puede servir para fortalecer las investigaciones o para fortalecer los casos que actualmente están en investigación”, explicó el abogado, Luis Javier Santos, Fiscal Jefe de la de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO).
De igual forma el decreto 93-2021, deben realizarse reformas al Código Procesal Penal, Ley de Lavado de Activos y Código Penal. “Este decreto junto con el 97 limitan el acceso a la información pública, lo cual es importantísima para rastrear los fondos de la corrupción”, sostuvo el Fiscal de la UFERCO.
Además, agregó que el decreto 93-2021 establece un procedimiento especial para poder acceder a la información pública, “esto lo hace todavía mucho más burocrático el acceso a la información, en estas investigaciones lo principal es que el acceso a la información sea de manera expedita”, recalcó Santos.
“Otro de los obstáculos es la limitante del recurso humano dentro de la unidad fiscal de las redes de corrupción y para investigar estos casos de alto impacto se necesita recurso humano que tenga la experiencia necesaria y el conocimiento para realizar este tipo de investigaciones”, lamentó el fiscal de la UFERCO.
La abogada, Fátima Mena Baide, Diputada Propietaria del Congreso Nacional por el departamento de Cortes y presidenta de la Comisión Anticorrupción en el Congreso, sostuvo que ya está para el tercer debate el decreto 116-2019 que legaliza el fondo departamental.
“También en tercer debate está el decreto 57-2020 que limita al MP poder secuestrar documentos y el 57-2021 que reforma el Código Procesal Penal y la Ley de lavados de activos, pero el decreto 116-2019 requiere una mayoría calificada y se necesitan 86 votos de los 128 diputados para poder reformar”, explicó la congresista.
“El combate a la corrupción al final pasa por la voluntad política para construir un proceso de selección y elección de altos funcionarios, para poder garantizar la revisión del Código Penal, para que los delitos contra la administración pública estén descritos de una forma que se le facilite al fiscal poder deducir la responsabilidad con penas ejemplificantes”, concluyó la diputada Mena.
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