Nuestra Asociación celebra este día 12 de agosto junto a nuestros afiliados y afiliadas su recorrido de 15 años, siendo destacable en este periodo las luchas que hemos librado por la defensa de los derechos y libertades de los jueces y las juezas; la exigencia de espacios de participación, nuestro permanente debate sobre las amenazas o perturbaciones a la independencia judicial, la oposición a las arbitrariedades cometidas con los procedimientos disciplinarios, y nuestros esfuerzos por fortalecer la institucionalidad del Poder Judicial.
Desde nuestro surgimiento, hemos hecho honor al nombre de la asociación, somos un colectivo de jueces y juezas comprometidos con la democracia, tanto en el ámbito institucional de la justicia, como en el espacio político-institucional que concierne a los procesos por la construcción de un Estado de derecho en nuestro país. En este sentido, nuestras preocupaciones han sido no solo las cuestiones gremiales, sino que, de forma paradigmática, la de debatir y aportar junto a las organizaciones de sociedad civil al ideario de la democracia en nuestro país.
En estos quince años transcurridos y en los momentos difíciles o de mayor apremio para la defensa de la institucionalidad, nuestra asociación levanto su voz, de manera particular, cuando se produjo el golpe de Estado en junio de 2009, no dudamos en esa ocasión en condenar el quiebre constitucional, y en sumarnos a las luchas por el restablecimiento del Estado de derecho. Este posicionamiento acarreo que algunos de nuestros dirigentes se les persiguiera con procedimientos disciplinarios ilegales, y tres jueces y una magistrada fueron destituidos de sus cargos, lo que dio origen al Caso “López Lone y otros”, por el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó, en octubre de 2015, al Estado de Honduras.
Hoy, somos parte de la historia del Poder Judicial, pues desde nuestro espacio asociativo impulsamos la lucha por la reforma, es decir, por la creación del Consejo de la Judicatura y la separación de la función administrativa de la Jurisdiccional, consiguiendo la aprobación de la ley respectiva. Desafortunadamente, sectores políticos tanto de adentro, como de afuera del ámbito judicial, pervirtieron esta reforma, hasta llegar a la derogación de esta ley y a la desaparición de la figura del Consejo; con las consecuencias de volver a la excesiva concentración de funciones administrativas en la Corte Suprema de Justicia.
Para la AJD quedan por delante muchos desafíos, especialmente el de continuar con el debate y la defensa de la independencia judicial, y la aprobación de una nueva Ley orgánica del poder judicial que venga a sustituir a la caducada y desfasada Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (LOAT), así mismo continuar junto con las organizaciones de sociedad civil defendiendo la soberanía nacional, hoy por hoy comprometida con las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES), cuestiones que consideramos impostergables para poder contribuir al acceso a la justicia, y a la tutela de los derechos fundamentales desde la jurisdicción.
San Pedro Sula, Cortés, 12 de agosto de 2021
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