La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), consecuente con su compromiso por la defensa del Estado de Derecho, a la opinión pública nacional e internacional, a la sociedad civil y a los jueces y juezas, expresa lo siguiente:
PRIMERO: Comprometidos con la de defensa de la independencia judicial como pilar fundamental de todo Estado de Derecho, alzamos nuestra voz de protesta por las acciones ejecutadas por la Asamblea Nacional de El Salvador, que la noche del sábado 2 de mayo, destituyeron a los magistrados de la Sala Constitucional y al Fiscal General de ese país; estimamos que esos actos constituyen un artero golpe a la democracia y al principio de separación de poderes.
SEGUNDO: Estimamos que la destitución de la totalidad de los magistrados de la Sala Constitucional, constituye una acción intimidatoria que perturba la posibilidad de un ejercicio jurisdiccional independiente desde el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y cualquier otro Juzgado o Tribunal de la hermana República de El Salvador.
TERCERO: Es relevante situar como antecedente de lo sucedido en El Salvador, la destitución de cuatro magistrados de la Sala Constitucional en Honduras en diciembre del 2012, que al consumarse acarreo efectos de carácter funesto para el Poder Judicial y para el sistema de pesos y contrapesos; dejando consecuencias que han deteriorado significativamente las bases de la democracia en nuestro país.
CUARTO: Por lo que conocemos, previo a la destitución de los togados salvadoreños, no se realizó una investigación objetiva de la conducta de los magistrados, y tal como es de dominio público, las verdaderas razones de esta destitución son de carácter eminentemente políticas, y obedecen al malestar que produjo en el Poder Ejecutivo las declaratorias de inconstitucionalidad, por parte de la Sala Constitucional, de algunos decretos dictados por el Presidente de la República.
QUINTO: Es un criterio consolidado, que cualquier destitución de un juez o un magistrado, debe producirse en un marco garantista y el debido proceso debe respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento legal, concediéndoles a los encausados el derecho a la defensa, cuestión que no ha sucedido con estas destituciones.
SEXTO: Ante esta situación de deterioro de la independencia judicial en Centroamérica, con ataques a sus tribunales constitucionales, como ya ha sucedido en Honduras, asimismo, con la Corte de Constitucionalidad en Guatemala y ahora en El Salvador, es inaplazable que los jueces y juezas y la sociedad civil, exijamos la preservación de la independencia judicial y el respeto a la división o separación de poderes, piedra angular de toda democracia.
Honduras, 4 de mayo 2021
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
ASOCIACION DE JUECES POR LA DEMOCRACIA
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