Carta de AJD enviada al presidente de la Corte Suprema de Justicia Rolando Argueta ante pandemia COVID-19

En estos tiempos de carácter excepcional por causa de la pandemia del COVID-19, nos vemos avocados a situaciones de grave deterioro de los factores económicos- sociales, y a grandes desafíos para la institucionalidad, especialmente para el sistema de justicia que, en medio de estas circunstancias le corresponde garantizar el acceso a la justicia.

Desde la AJD consideramos que esta coyuntura de pandemia que ya se prolonga por mas tres meses y sobre la cual no hay fecha cierta o previsible de una vuelta a condiciones de normalidad, es importante que el Poder Judicial continúe garantizando que los juzgados y tribunales jueguen el rol que les corresponde en la tutela de derechos fundamentales, y en asuntos relacionados con actuaciones urgentes. Al respecto, nos parece importante puntualizar lo siguiente:

1. En aquellos casos que por situaciones de carácter excepcional tenga que celebrarse un juicio oral, que el mismo se realice con respeto irrestricto de los derechos y garantías de las personas sometidas al proceso judicial, especialmente en lo que corresponde al derecho de defensa, de contradicción y de audiencia.
2. La utilización de medios telemáticos o de audiencias virtuales deben realizarse o procurarse de tal forma que no se disminuyan o restrinjan los derechos de los justiciables y de las partes procesales. Es menester que se utilicen plataformas virtuales seguras con visualización clara y sonido adecuado.
3.  Consideramos que ante el riesgo de contagio de COVID 19 en los centros penitenciarios, es urgente que las personas privadas de libertad que padecen enfermedades de base, se beneficien de la revisión o modificación de medidas cautelares sustitutivas a la prisión preventiva, debiendo realizar de oficio los juzgados y tribunales la revisión de estas medidas de conformidad a lo que establece el decreto 36-2020.
4. Siendo el rol fundamental de los jueces y juezas el de tutelar derechos fundamentales, es imperativo que en el marco de la pandemia del COVID-19, y de conformidad a lo que establece el decreto 36-2020 que reforma el artículo 184 del Código Procesal Penal, que se agilice la celebración de audiencias relacionadas con la sustitución de la prisión preventiva. Siendo necesario que las autoridades judiciales contribuyan con los medios logísticos de transporte de los servidores judiciales, en aquellos casos que lo requieran.
5.  La reincorporación a las funciones judiciales, implica la interactuación entre juzgadores, partes procesales, auxiliares judiciales, intervinientes y usuarios, razón por la cual es imprescindible que las autoridades judiciales se comprometan y obliguen a proporcionar materiales o equipos de bioseguridad de calidad y en cantidad suficiente a los servidores judiciales. Los que se han entregado hasta la fecha son escasos y se requiere mejorar respecto a las mascarillas.
6. Uno de los grandes retos o desafíos en esta pandemia ha sido el teletrabajo y especialmente la realización de audiencias virtuales. Al respecto es necesario que las autoridades judiciales implementen un plan de emergencia que consista en capacitación sobre el uso de plataformas virtuales, la instalación de una plataforma exclusiva del Poder Judicial para el desarrollo de audiencias y deliberación entre los juzgadores, asimismo, que se instalen servicios de internet en todos o en la mayoría de los juzgados y tribunales del país.
7. La reciente entrada en vigencia del nuevo Código Penal, requiere que se continúe con las actividades de capacitación virtual sobre esta nueva normativa, y que se tomen las decisiones institucionales para la aplicación de esta nueva ley penal. Cuestión de carácter urgente es que se decida o esclarezca lo pertinente a la retroactividad de la ley penal (artículo 614), teniendo en consideración que las interpretaciones no son pacíficas en relación a quien corresponde decidir sobre esta cuestión, si a los jueces de ejecución de penas o la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional.
8. En esta pandemia del COVID-19 se viven múltiples situaciones de precariedad económica, de pérdidas de vidas humanas de familiares, amigos; se perfilan situaciones angustiantes, estresantes por el confinamiento y el carácter imprevisible y las consecuencias de salir infectado, a lo que se suma el retraso por el pago de los salarios y las vacaciones, por ello, solicitamos que en un corto plazo se puedan pagar las cantidades correspondientes para aliviar las cargas de carácter familiar de los jueces, juezas y funcionarios judiciales.
9. En aras de aliviar las preocupaciones y crecientes necesidades de acogerse al seguro médico de los servidores judiciales, es impostergable que las autoridades intervengan para que la empresa responsable de la póliza clarifique y de ser posible amplié, los servicios y beneficios a que se tiene derecho en esta pandemia, los procedimientos y los centros médicos a los cuales se puede acudir por circunstancias de posible contagio.
10. Consideramos que las cuestiones planteadas anteriormente ameritan una discusión a mayor profundidad, razón por la cual solicitamos al Presidente de la Corte Suprema de Justicia que  convoque a una mesa de diálogo con participación de los/las representantes de las asociaciones de jueces/juezas, defensores, empleados y funcionarios judiciales. Esta reunión puede organizarse por una plataforma virtual. Confiamos que esta solicitud sea de recibo y seguimiento, y que se pueda conformar una amplia plataforma entre las asociaciones judiciales y las autoridades de la Corte Suprema de Justicia para, responder a los retos o desafíos de la pandemia del COVID-19.

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