Por Wendy Funes
Tegucigalpa, Honduras (AJD). Hay hondureños en las cárceles por hacer uso de derechos políticos a la protesta y se encontraron con el poder estatal para frenar estos derechos y libertades, coincidieron diferentes funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que participaron en la Audiencia de Honduras durante el 169 Periodo de Sesiones.
Los funcionarios hicieron su análisis despuès de escuchar la intervenciòn del Estado en la audiencia sobre las personas privadas de libertad en el contexto post electoral en Honduras y concordaron en sus razonamientos. Esta audiencia fue solicitada por Amnistía Internacional, el Comité proliberación de los Presos Políticos, la Coaliciòn Contra la Impunidad y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Los Estados cada día han ido incorporando reformas penales con el cuidado de evitar que la persecución y criminalización de personas que protestan lleve el matiz de presos políticos o que lleve el tinte político y se asume que son delitos, por eso se hacen reformas de carácter legal y procedimental, reflexionó el Presidente de la Audiencia de la CIDH, Luis Ernesto Vargas.
Hizo su reflexión tras escuchar la postura del Estado hondureño para justificar que hubo delitos comunes y participación de maras y pandillas para hacer actos de intimidación durante las votaciones.
Vargas cuestionó la postura estatal de estigmatizar con el tema de maras y pandillas a los y las manifestantes y dijo que se le hacía difícil pensar que una de las personas que dio su testimonio, visto por la CIDH por medio de vídeo, participe en una pandilla.
Respondió al Estado hondureño que debe leer las recomendaciones de la CIDH sobre derechos a personas privadas de libertad.
La principal apuesta del gobierno fue contar que hay un diálogo político con cuatro mesas para solventar la situación, lo que fue elogiado por la CIDH.
Joel Hernández, relator especial de la CIDH para el tema, describió la vulneración a derechos humanos que se encontró en la visita hecha a Honduras.
La participación estatal centrò su atención en generar una percepción positiva de la acción gubernamental. Anunciaron que de más de 30 muertes, denunciadas en la audiencia, ocurridas durante el contexto postelectoral únicamente se ha presentado una acusación criminal contra un policía por la muerte de un menor.
Antes de estas intervenciones, participaron las representantes de sociedad civil que habían pedido la audiencia en el 169 periodo de sesiones de la CIDH para dar a conocer la situación de las personas privadas de libertad en conflicto post electoral.
Audiencia por tratos crueles en Honduras
Como delegadas, participaron Brenda Mejìa, de la Coalición contra la Impunidad; Kenia Oliva, de C-Libre; Fanny Benett, de AJD; Carol Cardenas, de Cofadeh y el defensor Carlos Paz que describió la situación en los centros penales.
Mejía describió que el 26 de noviembre de 2017 se realizaron elecciones generales en Honduras. La madrugada del 26 de noviembre anunciaron la ventaja de Salvador Nasralla, el anuncio fue precedido por interrupciones en el sitio web de la página del Tribunal Supremo Electoral, finalmente fue declarado presidente Juan Orlando Hernàndez cuya candidatura era considerada ilegal. Como consecuencia las personas empezaron a manifestarse por lo que consideraban fraude electoral, el gobierno respondió con el uso desproporcionado de la fuerza y suspendiendo garantías constitucionales, vìa decreto.
La protesta social era considerada como un alto delito, quienes participaron recibieron tratos crueles, degradantes, tortura, difamación, persecución, implantación de pruebas y de esta forma 1,396 personas fueron detenidas y 117 judicializadas, la mayoría fueron liberadas, pero siguen con procesos penales; 13 están privados de libertad y 11, en prisiones de máxima seguridad, describió Mejìa.
La presidenta de AJD, Fanny Beneth, describió que los procesos de criminalización y judicialización producen graves consecuencias en las personas.
El estado ha utilizado juzgados con competencias territorial como estrategia de criminalización de las voces disidentes, los requerimientos para quienes protestaron fueron presentados por delitos comunes, lo anterior transgrede la figura de juez natural y la independencia judicial; asimismo la jurisdicción nacional tiene como norma la prisión preventiva, describió Bennet.
María Elena Almendares Padilla, compañera de Jhonny Salgado, no está presente porque su visa no le fue entregada, dijo Bennet y presentó su testimonio en vídeo.
“Fue una horrible experiencia para nosotras, la policía iba tirando bombas lacrimógenas, bala viva, entraron adentro de donde estábamos encerradas, entraron adentro, tomaron a Jhonny a la fuerza, entraron a ver si teníamos a alguien escondido, llevaron a Jhonny a la fuerza y lo tiraron como que fuera animal, nos volvieron a tirar gas no les han importado que haya niños no les ha importada que haya niños, nunca nos han dado información que lo van a detener por equis motivos sino que dicen que lo agarran protestando y estábamos en la casa cuando lo sacaron de la casa a la fuerza, lo hicieron firmar papel, èl no sabe leer, le dijeron que lo iban a golpear si no lo firmaba. Era horrible en el centro penal cuando íbamos, “viera todo lo que nos decía la policía”, en el centro penal lo trataban mal, el trato de la policía es horrible, no tenemos tranquilidad, continua firmando cada 15 debe ir a firmar, para nosotros como familia fue horrible porque era la cabeza de la casa y quede sola con dos hijos, dos adolescentes”, relatò Almendares Padilla.
En esta comparencia ante la CIDH, se denunció que las personas enjuiciadas han sido víctimas de seguimiento. Se han dado casos de arrestos sin que existan medios de prueba suficientes, por ejemplo, en el caso de Eduardo Enrique Urbina se utilizaron videos de redes sociales.
La defensora Carol Cardenas indicó que se vulneró el debido proceso para la defensa, ha habido retardo injustificado para presentar apelaciones; hay casos que tardaron hasta seis meses para llegar a la Corte de Apelaciones, hay expedientes «No localizados»; por todo lo expuesto, es claro que el derecho penal está siendo utilizado para someter a opositores políticos.
Además se están utilizando testigos anónimos, bajo la figura de protegidos, para fabricación de pruebas, peritos de acusación pública sin que exista posibilidad para la defensa de presentar peritos. Los jueces valoran como verdadero la relación de hechos, agregó.
El defensor Carlos Paz señalò sobre la poblaciòn penitenciaria que los centros están administrados por la Policìa Militar que ha agravado las condiciones de detención. Como parte de estrategia de castigo, los presos políticos están en celdas de 2 por 2 metros, se mezclan personas condenadas y procesadas, no tienen luz natural, algunos sufren tuberculosis, detallò.
Los privados de libertad están sufriendo tratos crueles, inhumanos y degradantes, las visitas con sus familias son vigiladas. Sobre esto se manifestò la CIDH en visita in loco pero la recomendación no se ha cumplido, apuntò.
Edwin Rovelo Espinal y Raùl Alvarez estuvieron en celdas de aislamiento, a los detenidos de Pimienta las repararon el pelo al llegar, algunos recibieron malos tratos, torturas y desaparición forzada, reportó ante la CIDH.
Por su parte, la defensora Kennia Oliva, pidió a la CIDH, solicitar al Estado que reconozca la existencia de presos políticos y que tome las medidas necesarias y todo lo necesario para dar un trato adecuado y humano y que incluya en su comunicado final de audiencia la situación descrita a lo largo de esta audiencia.
La procuradora general de la República y ex magistrada de la Corte Suprema, Estela Cardona, compareció a la audiencia con una delegación interinstitucional dijo que el diálogo que se lleva a cabo en cuatro mesas demuestra la voluntad del gobierno para superar la crisis postelectoral.
Para justificar las acciones estatales, habló de violencia en potestas, delitos comunes como hurto robo, tenencia ilegal de armas, atentando, incendio, asociación ilìcita, detenciones infraganti, atentados contra la vida e integridad física de agentes del orden, perturbación grave de la paz. Hubo 897 manifestaciones en el contexto postelectoral lo que muestra que se respetó el derecho a protesta. En los casos que existió violencia o delitos, los agentes del orden se vieron en la necesidad de aplicar códigos de conducta y principios básicos sobre el empleo de la fuerza, apuntò. No precisó en cuantas de las protestas la policía intervino para “aplicar còdigos de conducta y principios básicos sobre el empleo de la fuerza”.
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