A propósito del fortalecimiento de la carrera judicial

La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), responsablemente reitera ante el conglomerado judicial la importancia de redoblar esfuerzos en aras del fortalecimiento del Poder Judicial, en consonancia expresamos lo siguiente:

El régimen de carrera una aspiración postergada

1. Desde el surgimiento de la AJD en agosto del 2006, asumimos como parte de nuestros planteamientos fundamentales la importancia del respeto a la ley de la carrera judicial, hemos bregado por ese camino cuando todos callaban y era impensable el respeto y fortalecimiento de la carrera judicial. En aquellos tiempos – al margen de los concursos de los años 2001, 2003 y 2004 para nombramiento de jueces y juezas de sentencia y de ejecución de penas–, los concursos eran prácticas inexistentes o ilusorias.
2. Los nombramientos eran estrictamente discrecionales, de igual modo, la cancelación o destitución de jueces, juezas y magistrados, así lo denunciamos en la audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en julio del año 2007. Extrañamente nadie alzaba su voz y a nosotros se nos tildaba de ingenuos y problemáticos.
3. A raíz de nuestros planteamientos y denuncias en el plano nacional e internacional, se dio paso a concursos meramente formales, que se realizaban después de varios años de nombramientos interinos, en los cuales siguió prevaleciendo el nombramiento discrecional de quienes concursaban. De tal forma que estos “concursos” no gozaban de credibilidad objetiva; salvo honrosas excepciones, que las ha habido, se seleccionaba y nombraba por recomendaciones y favores que se prodigaban.
4. Los procedimientos disciplinarios eran impensables en el Poder Judicial, y cotidianamente se sancionaba y despedía o cancelaba a los jueces, juezas y magistrados(as) sin haberse practicado procedimiento disciplinario alguno, en franca violación al debido proceso. Es por las resultas del caso Lopez Lone y otros versus Honduras ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que las sanciones comienzan a imponerse siguiendo “un cierto proceso disciplinario”.
5. En los años de vigencia del tristemente recordado Consejo de la Judicatura (2014-2016), los jueces y juezas se suspendían y cancelaban abruptamente, sin que se hubiera practicado ninguna diligencia disciplinaria. Cada martes era un carrusel de sanciones que se anunciaban por los medios de comunicación. Mientras otros omitían pronunciarse, nuestra asociación alzaba la voz, denunciaba y presentó un informe a la CIDH sobre estas prácticas conculcadoras de derechos y contrarias a la ley.
6. Ni que decir de los nombramientos personalizados en esa suerte de “concursos”, en los cuales, de antemano, es decir, de forma anticipada se sabía que primordialmente se realizaban para legalizar buena parte de los que habían sido nombrados interinamente. Reflejo de esto fue el concurso del año 2022, en el cual se normalizó la situación de más de 300 funcionarios judiciales que tenían como media entre dos y cinco años de permanecer bajo la modalidad de interinos en sus cargos, y tal como se ha documentado, este “concurso” resultó plagado de irregularidades.

Venimos de la negación de los valores y principios constitucionales

7. Es poco o nada de lo que podemos sentirnos orgullosos del reciente pasado en el Poder Judicial, especialmente si nos remontamos a los días que precedieron y siguieron al golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Da pesar rememorar cómo se instrumentalizó la justicia, sustanciando una causa para justificar la asonada golpista, hasta llegar a legitimar desde la CSJ al gobierno de facto, sosteniendo que lo que había sucedido en Honduras era una “sucesión constitucional”, actuando a la deriva de los organismos internacionales –OEA y la ONU– , que sostenían que lo sucedido era ni más ni menos que un golpe de Estado.

8. Aquellos fueron días de resistencia de la ciudadanía, que reclamaba la restauración del orden constitucional. Contrario a ello, las autoridades judiciales (CSJ) se negaron a realizar el control de constitucionalidad que les correspondía. Centenares de acciones de amparo y de habeas corpus quedaron sin resolver. La persecución y el llamado a las marchas “blancas” se hizo realidad en nuestra institución; en ese contexto sucede el despido de una magistrada y tres jueces de nuestra asociación –caso López Lone y otros–, que tuvieron que acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en búsqueda de justicia.

9. En estas idas y venidas, se violentó la soberanía con la venta del territorio a través de la ZEDES y las autoridades judiciales claudicaron en sus deberes jurisdiccionales al legitimar esta normativa incompatible con los valores y principios constitucionales.

10. Y así como si nada, creyendo que la institucionalidad surgida en el marco de los grupos fácticos duraría para siempre, este poder del Estado se plegó a esos gobiernos y, durante más de doce años, legitimaron los actos ilegales de ese tiempo, entre estos el de la reelección presidencial del año 2017, que se originó en la sentencia que dictó la Corte Suprema de Justicia para habilitar dicha reelección, violentando las disposiciones constitucionales. 

Es tiempo de cambios en el Poder Judicial

11. Desde nuestra perspectiva, y así lo hemos sostenido anteriormente, el Poder Judicial actualmente atraviesa por una problemática heredada de administraciones anteriores, entre la que sobresale: la necesidad de adecuación de la carrera judicial, fortalecer los procesos de formación profesional, acceso en condiciones de igualdad a los eventos de capacitación, procedimientos disciplinarios reglados, entre otros.

12. En este plano, desde la AJD planteamos a principios de junio del presente año respecto al tema de los nombramientos interinos realizados a la fecha, que progresivamente y bajo la modalidad de un concurso o examen se realice una evaluación de carácter técnico sobre el desempeño de las y los juzgadores en sus respectivos juzgados y tribunales como requisito para su nombramiento en permanencia. Retomando a futuro la organización y práctica de concursos para la selección y nombramiento de jueces, juezas y magistrados(as).

13. Ante esta situación, es meritorio reconocer que las actuales autoridades judiciales, a través de la presidenta de la Corte Supremo de Justicia, se ha empeñado en promover cambios de carácter institucional, los cuales se reflejan en medidas encaminadas al fortalecimiento de los juzgados y tribunales, no obstante, es difícil que en dos años y medio se pueda transformar lo que se cimentó durante décadas, especialmente, en temas de corrupción y desformalización de la carrera judicial.

Urge una reforma que reorganice este poder del Estado

14. Como AJD venimos insistiendo en el tema de la necesidad de una reorganización del Poder Judicial, es necesario remover las estructuras arcaicas que prevalecen, las cuales datan de varias décadas. La ciudadanía exige un adecentamiento de los juzgados y tribunales.

15. Estos cambios según nuestra propuesta, podrían impulsarse con la aprobación de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, nuestra asociación manifiesta su disposición a colaborar en esta tarea a partir del anteproyecto presentado a la presidenta de la CSJ. De igual modo, es importante redactar un proyecto de Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, que sustituya la Ley de Carrera Judicial de 1980, cuyo contenido es incompatible con los estándares interamericanos sobre independencia judicial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

16. En ese orden de cosas, reiteramos la necesidad de un proceso de reforma judicial, que se exprese en los cambios normativos que puedan sentar las bases para la reorganización, fortalecimiento institucional y modernización del Poder Judicial en Honduras.

Tegucigalpa, 05 de agosto de 2025

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

ASOCIACIÓN DE JUECES POR LA DEMOCRACIA