La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), desarrolló un taller de formación en la ciudad de Choluteca el 21 de marzo de 2026, dirigido a su membresía y en particular a jueces y juezas de reciente afiliación, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos en control de constitucionalidad y control de convencionalidad, herramientas clave para la protección de los derechos humanos en Honduras.
La jornada inició con las palabras de bienvenida de la abogada Reina Iris Mejía, integrante del Tribunal de Honor de la AJD, quien destacó que este tipo de espacios forman parte de los esfuerzos sostenidos de la asociación por garantizar la capacitación técnica continua de sus afiliados, especialmente en temas que requieren actualización permanente.
Formación entre pares: una apuesta innovadora
Durante la apertura metodológica, el abogado Jaime Martínez Subcoordinador del Equipo Técnico explicó que el proceso formativo se basa en la metodología de aprendizaje “Entre Pares”, en la que jueces y juezas con amplia experiencia integran equipos de capacitación en ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, para compartir conocimientos con otros colegas.
Se subrayó que tanto el control de constitucionalidad como el control de convencionalidad constituyen obligaciones jurídicas de los operadores de justicia, y no simples herramientas opcionales. En ese sentido, la AJD busca consolidar una metodología que permita su aplicación sistemática, superando prácticas aisladas o meramente formales.
El taller se estructuró en tres ejes temáticos: a) la naturaleza y fundamentos del control de convencionalidad; b) su aplicación para garantizar derechos de sectores vulnerables; c) y ejercicios prácticos basados en la metodología Themis, desarrollada en el marco del programa DIRAJUS/GIZ. Cada exposición tuvo un enfoque participativo, complementado con espacios de Foro Abierto que facilitaron el intercambio de experiencias y criterios entre los asistentes.
Aportes de especialistas y debate jurídico
El taller estuvo a cargo del equipo de capacitación de Tegucigalpa integrado por los magistrados Raúl Chávez Baca, Fernando Morazán y el Juez Renán Vindel, quienes desarrollaron contenidos clave para la comprensión y aplicación práctica de estas herramientas.
Chávez Baca abordó las críticas al control de convencionalidad, señalando que su obligatoriedad se sustenta en la interpretación constitucional que reconoce el cumplimiento general de las sentencias internacionales. Por su parte, el juez Vindel ofreció una explicación del funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, destacando su relevancia en la protección de derechos fundamentales, incluso para operadores de justicia.
En tanto, el juez Fernando Morazán profundizó en la metodología Themis, explicando su vínculo con la teoría del caso y su utilidad como herramienta práctica. A través de un caso hipotético sobre el reconocimiento de la identidad de género, ilustró cómo aplicar el control de convencionalidad para garantizar derechos, incluso en ausencia de normativa interna expresa.
El taller contó con una destacada participación de jueces y magistrados, incluyendo integrantes de Cortes de Apelaciones de la zona sur de Honduras. Durante los espacios de discusión, se resaltó la importancia de aplicar el control de convencionalidad más allá de la simple cita de jurisprudencia internacional, incorporando un análisis estructurado y técnico.
Entre las intervenciones, el magistrado Guillermo López Lone señaló preocupaciones sobre la desproporcionalidad del régimen disciplinario vigente para jueces y juezas, mientras que la magistrada Jessica Granados advirtió sobre prácticas como traslados que podrían utilizarse como sanciones encubiertas.
En esta actividad participaron 20 personas, de los cuales el 55% fueron mujeres y el 45% hombres. En total, participaron 18 jueces y juezas afiliados a la AJD, 15 en calidad de destinatarios y 3 como expositores, además de dos integrantes del equipo técnico.
Con esta iniciativa, la AJD avanza en su objetivo de capacitar a nuevos operadores de justicia, promoviendo el uso de herramientas jurídicas que fortalezcan la protección de los derechos humanos, especialmente en favor de sectores en condición de vulnerabilidad.
La AJD reafirma así su compromiso con la formación continua, la independencia judicial y el fortalecimiento del Estado de Derecho en el país.
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