La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) manifiesta su profunda preocupación por la detención del abogado y defensor de derechos humanos Ramón Cadena Rámila, ocurrida el pasado 10 de noviembre de 2025 en Ciudad de Guatemala, en el marco de un proceso judicial que presenta serios indicios de persecución política y vulneración de garantías fundamentales.
Ramón Cadena, jurista de reconocida trayectoria internacional y exdirector de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica, se presentó voluntariamente ante el Juzgado Décimo Penal, con el propósito de ejercer su derecho de defensa y enfrentar las acusaciones formuladas en su contra. Sin embargo, lejos de garantizarle un proceso justo, el sistema judicial guatemalteco ha incurrido en prácticas que contravienen principios básicos del debido proceso, entre ellas la negativa del juez competente a recibir su declaración voluntaria y dejar sin efecto la orden de detención.
Las imputaciones que se le atribuyen —usurpación agravada, sedición, depredación de bienes culturales y asociación ilícita— se derivan de su acompañamiento jurídico y público al movimiento Resistencia Digna, conformado por estudiantes y docentes que en 2022 ocuparon pacíficamente instalaciones de la Universidad de San Carlos (USAC) en defensa de la autonomía universitaria y en rechazo a una elección rectoral considerada ilegítima por amplios sectores académicos y sociales.
Desde AJD, consideramos que este caso se inscribe en una preocupante tendencia de criminalización de la protesta social, judicialización del disenso y hostigamiento contra defensores de derechos humanos, que amenaza gravemente el Estado de derecho en Guatemala y en la región centroamericana. La utilización del sistema penal para castigar el ejercicio legítimo de derechos constitucionales —como la libertad de expresión, la defensa jurídica y la participación ciudadana— constituye una regresión
democrática inadmisible.
Recordamos que el abogado Cadena cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2016, en reconocimiento de los riesgos que enfrenta por su labor de promoción y defensa de los derechos humanos.
Por tanto, desde AJD:
Exigimos el pleno respeto de los derechos y garantías procesales del abogado Ramón Cadena, incluyendo su derecho a ser oído, a una defensa técnica efectiva y a un juez imparcial.
Demandamos que se cesen las prácticas de criminalización contra quienes defienden derechos humanos, la autonomía universitaria y la legalidad democrática.
Instamos a la comunidad internacional, a los organismos de protección de derechos humanos y a las redes judiciales independientes a mantener vigilancia activa sobre este caso y a pronunciarse en defensa del Estado de derecho en Guatemala.
La AJD reafirma su compromiso con la justicia independiente, la protección de los derechos fundamentales y la construcción de sociedades democráticas donde el disenso no sea castigado, sino respetado como expresión legítima de ciudadanía activa.
San Pedro Sula, Honduras
13 de noviembre de 2025
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