Desde la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), EXIGIMOS el cese de toda forma de violencia contra la mujer y la protección de los derechos de otros sectores vulnerados históricamente en Honduras.
La violencia contra la mujer en Honduras, en Latinoamérica y el mundo entero sigue siendo una problemática multifactorial y, por ende, requiere la intervención de diferentes sectores sociales, gubernamentales y no gubernamentales.
Según datos del Centro de Derechos de Mujeres (CDM) del 31 enero al 31 de diciembre del 2023, el Sistema Nacional de Emergencia (911) registró 34,221 denuncias de violencia doméstica y 52,327 denuncias de maltrato familiar.
En el año 2023 se registraron 380 muertes violentas de mujeres, según la Unión Europea y sus Estados miembros. Estas cifras convierten a Honduras en uno de los países con más femicidios en América Latina; la muerte violenta de aproximadamente 16 mujeres en el mes de enero del año 2024 resulta alarmante.
La problemática de violencia contra la mujer no se reduce a soluciones estrictamente legales, ni jurídicas, o a la reducción del ejercicio desigual de poder entre hombres y mujeres, siendo la problemática aún más compleja y multifactorial, por lo cual, la intervención Estatal y de otros sectores es impostergable.
Para La Organización Mundial de la Salud (OMS), este flagelo es un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres. Las estimaciones mundiales publicadas por la OMS indican que alrededor de una de cada tres (30%) mujeres en el mundo han sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida.
ONU Mujeres, organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, ha indicado que, para un abordaje efectivo de análisis de la violencia contra las mujeres, abarca la elaboración de leyes y políticas, servicios de prevención y ayuda, el cambio de normas y comportamientos en hombres y niños, además de incorporar la recopilación de datos e investigación.
Existe un consenso regional, que la violencia contra las mujeres es un problema público y prevalente, meritorio de acciones estatales para lograr su prevención, investigación, sanción y reparación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó como precedente jurídico del sistema interamericano, que un “Acceso de jure y de facto a garantías y protecciones judiciales”, es indispensable para la erradicación del problema de la violencia contra las mujeres.
Desde la AJD, como organización que promueve la igualdad de derechos y equidad de género, nos sumamos y comprometemos a promover el respeto de los derechos de la mujer y su desarrollo integral, en un entorno libre de violencia. En ese sentido, exigimos que se realicen las acciones siguientes:
- Instar a los(as) afiliados(as) de AJD, todos(as) los(as) funcionarios y empleados(as) judiciales y operadores de justicia, que, en casos de violencia contra la mujer y otros sectores vulnerados históricamente en el país, se garantice el acceso a la justicia, con recursos judiciales sencillos, revestidos de adecuadas garantías judiciales.
- Promover la implementación de circuitos jurisdiccionales especializados contra la violencia doméstica, y otros grupos vulnerados, con especial atención psicológica y socioeconómica, aplicando perspectiva de derechos humanos, en los diferentes órganos jurisdiccionales del país.
- Promover la adopción sistemática por las Secretarias de Educación y de Salud, y entidades públicas de desarrollo social del país, de programas preventivos de reeducación de hombres, mujeres, niñez, adolescencia y adultos mayores, con especial atención de asistencia psicológica y socioeconómica.
- Instar que la investigación criminal técnica y especializada en casos de muertes violentas de mujeres se realice con criterios de interseccionalidad, perspectiva de género y debida diligencia.
San Pedro Sula, Cortés 2 de febrero de 2024.
Junta Directiva Nacional
Asociación de Jueces por la Democracia
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