Juristas mencionan que el Código Penal de Honduras adopto teorías dogmáticas muy innovadoras para el derecho penal centroamericano, mismas que se ven opacadas por tipificaciones penales que generan impunidad en actos de corrupción que afectan de forma social, económica y política de la sociedad hondureña.
El doctor Alejandro Barillas, jurista del Derecho Penal con amplio conocimiento en derechos humanos, explicó que el uso indebido del derecho penal se convierte en una forma de criminalización en el sistema de justicia, en el caso de Honduras queda demostrado en una serie de sentencias recibidas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Según el doctor el Derecho Penal es una de las herramientas más poderosas que tiene el Estado, ya que puede considerarse un derecho protector, pero también represivo y generar opresión política o hacia ciertos sectores de la población, y el Código Penal vigente tiene una serie de penas incoherentes con los principios doctrinarios como la privación de la libertad con periodos excesivos, en algunos casos suele utilizarse para acallar la protesta social y criminalizar a defensores de derechos ambientales y del territorio.
“Este debe humanizarse si es la última ratio para resolver los problemas sociales”, este derecho tiene la importancia de controlar y garantizar el proceso penal de una manera racional hacia ciertas finalidades que son valiosas de los derechos fundamentales, puntualizó Barillas.
Asimismo, hizo énfasis en que la parte general del Código Penal de Honduras es bastante innovadora, pues ha adoptado las categorías de la Teoría del Delito que incorpora la comisión por omisión, y colocado varios conceptos de delitos culposos, dolosos o imprudentes que antes no se encontraban en el código penal objetivo, además se reconoce el error de tipo y la prohibición, mismos que requieren una interpretación sistemática para entender los sistemas garantizando la seguridad jurídica.
Raúl Iván Chávez vicepresidente de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), opinó que existe un consenso en que el Código Penal es un documento que ha generado mucha impunidad, pero también hay dos posturas divididas en la población, una parte por la abrogación inspirada en una promesa de campaña política y la otra es la reforma apoyada por análisis de juristas que observan nuevas doctrinas dogmáticas que brindan más protección a otros derechos humanos y sociales que no tenían una buena garantía en el precepto anterior.
También el coordinador del equipo técnico de la AJD, Adán Guillermo López, recalcó que el decreto 130-2017 o Código Penal fue un proyecto que tuvo un amplio proceso de discusión para la aprobación y posteriormente para la entrada en vigor, por lo cual como asociación iniciaron un proyecto con los objetivos de analizar y actualizar conforme al primer estudio de la norma, si la formulación estaba acorde a los tratados y convenciones internacionales, determinar las bases de la teoría del delito que se consagra en el marco general, así como determinar las bases sobresalientes de las auditorias y participación.
Finalmente, el coordinador reitero que era necesario ponderar este precepto legal entre los artículos cuestionados que posicionaron el código como una herramienta de impunidad con algunos que si demuestran avances jurídicos para un desarrollo de justicia social.
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