Juristas nacionales y extranjeros consideran que el trabajo de la Junta Nominadora para la selección de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), le perteneció a la sociedad civil quienes por primera vez pudieron ser partícipes de tachar y denunciar las personas que no cumplen el perfil idóneo que la población espera.
Sherly Arriaga, diputada del Congreso Nacional expreso que ningún partido político o bancada, tiene la mayoría simple para poder tomar una decisión sobre la selección de los magistrados, la cual requiere una mayoría calificada de diputadas y diputados, mismos que deberán tener una gran capacidad para buscar consensos entre los puntos comunes que se puedan establecer para garantizar un buen perfil de magistradas y magistrados electos a la CSJ.
Según Arriaga hasta ahora el proceso ha permanecido en las manos de la sociedad civil representada en siete instancias distintas, una Junta electa y supervisada por la población hondureña quien también deberá hacer lo mismo durante el debate y la discusión que deberán tener los diputados en torno al tipo de magistrados que necesita el país y no a intereses.
También detalló que hay una buena cantidad de mujeres entre las auto postulantas donde encuentran perfiles bastantes adecuados y cercanos a las aspiraciones de la población, considerando que el acceso al notariado ha sido una de las demandas permanentes del gremio de abogado, porque es bastante restringido y elitista.
Ramón Cadenas Jurista de Guatemala, explicó que en cada país se maneja un perfil idóneo de un magistrado, pero hay cosas que son fundamentales como una persona independiente que con sus sentencias defienda los derechos humanos, que actúe públicamente con honestidad y transparencia y que luche contra la corrupción e impunidad sin conflictos de interés personal.
Para Cadenas es preocupante que en el proceso de selección de candidatos se trate de respetar mucho el formalismo y se omitan capacidades personales de los abogados y abogadas, en ese sentido la Junta Nominadora no puede perderse entre influencias políticas, de los partidos, de empresarios y hasta de la misma sociedad.
Asimismo, Jaime Martínez abogado y notario salvadoreño, expreso que Honduras ha entrado entre los países que ejercen la contraloría social, que es lo que estable la diferencia entre quienes nominan, quienes escogen y quienes nombran a los futuros magistrados y magistradas.
Eso evita la centralización del proceso y la divide entre la Junta Nominadora y el Congreso Nacional, donde la misma población tuvo la oportunidad de presentar, tachas, denuncias o impugnaciones con evidencias contra los candidatos y a través de todo se involucra el papel clave de la observación de organismos de derechos humanos, aseguró Martínez.
La junta nominadora fue conformada por miembros de la sociedad civil, confederación de trabajadores, empresarios, la comisionada de derechos humanos, representantes abogados, docentes universitarios y la misma Corte Suprema, realizando sus labores públicamente a través de medios de comunicación, redes sociales y observadores nacionales e internacionales.
El proceso de postulación, evaluación y selección inicio desde el mes de septiembre del 2022 y se espera que la lista final con 45 personas que cumplan el perfil idóneo pase al Congreso Nacional a mediados de enero del 2023 para definir entre ellos los 15 magistrados que conformaran la Corte Suprema de Justicia de los siguientes siete años.
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