Exponentes hondureños aseguran que hay voluntad política para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras CICIH, algo muy importante en Honduras, en un contexto de elecciones en el Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia CSJ, instituciones que no tienen la credibilidad de velar por la justicia de la población.
La exjueza y abogada constitucionalista Ana Pineda, el abogado e investigador Joaquín Mejía, el dirigente del Partido Liberal Eduardo Martell y Miguel Briceño, represéntate del movimiento de Indignados, quienes indicaron en el programa televisivo el Foro de UNETV esté primero de agosto que la población hondureña está lista para una transición al Estado de Derecho, teniendo en consideración las elecciones de magistrados para la CSJ y del Ministerio Público.
Joaquín Mejía, abogado e investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ERIC – SJ, explicó que el periodo de transición gubernamental en el que se encuentra el país genera un terreno fértil entre los actores políticos que tienen voluntad para la posible instalación de la CICIH.
Según al abogado, cualquier paso que se dé en contra la corrupción es importante y en febrero del presente año, se filtró información sobre un memorando entre el gobierno de Honduras y la Organización de las Naciones Unidas ONU, que aún no está confirmado, pero ojalá sea verdad para la instalación de una coalición internacional contra la corrupción.
Para Mejía, la nueva Ley de la Junta Nominadora representa una gama de derechos apegados a la constitución e instrumentos de derechos humanos, por ello instá a los abogados y abogadas a presentar sus postulaciones, aunque no cuenten con el requisito de notariado, con la intención de que al tener la resolución administrativa de rechazo puedan presentar en conjunto un recurso de Amparo.
También Ana Pineda, exjueza, abogada constitucionalista y exministra de Derechos Humanos, detalló que para que un mecanismo anticorrupción funcione, este debe actuar como ente acusador privado frente al poder judicial, para eso se debe revisar el ordenamiento jurídico con fines eficaces para la independencia de los magistrados y funcionarios independientes.
La nueva Ley de selección de Junta Nominadora, es un gran avance y en ese panorama la sociedad civil debe de hacer sentir su posicionamiento crítico frente a la selección de los magistrados en los próximos meses, considerando importante que de 45 nominados no menos de 23 deben ser mujeres y es algo que no se puede cambiar para al final tener al menos 7 magistradas, señalo Pineda.
Eduardo Martell, dirigente del Partido Liberal, expuso que la lucha tiene que suceder a la camarería que hay entre compañeros de partidos políticos señalando a quienes están involucrados en casos de corrupción, porque algunos diputados que están siendo investigados son los que van a realizar la votación final desde el Congreso Nacional.
Martell, enfatizo que las negociaciones en el Congreso se harán “con tranzas e intereses ocultos”, una situación de corrupción que va más allá de los partidos políticos hasta la sociedad, siendo necesaria una comisión anticorrupción que no esté maniatada a informes que queden controlados en manos del Ministerio Público y el Poder Judicial.
También Miguel Briceño, movimiento de indignados, señaló que la CICIH, no es un punto de campaña si no es un clamor popular que la presidenta Xiomara Castro, ha escuchado y es posible que se instale, razón por la que es necesario cuidar a las personas que conformen la Junta Nominadora.
Finalmente, Briceño, menciono que es a la Corte Suprema de Justicia y al Ministerio Público, a los que les corresponde velar por la justicia hondureña y sin estas instituciones, ni miles de CICIH o MACCIH van a funcionar.
La Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entró en vigor el 20 de julio, el precepto enmarca que la función principal será conformar una nómina no menor de cuarenta y cinco candidatos, junto con un informe circunstanciado sobre la evaluación de méritos personales y profesionales de los candidatos incluidos y no incluidos en la lista final.
Considerando, que la Constitución de la República, establece en su Artículo 303 que la justicia se imparte por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y las leyes, lo que es congruente con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reconocen como un derecho humano justiciable que toda causa sea sometida ante jueces y tribunales independientes, imparciales y establecidos previamente.
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