¡NO MÁS VIOLENCIA SISTEMATIZADA E IMPUNIDAD! GARANTIZAR A LOS OPERADORES DE JUSTICIA SEGURIDAD PERSONAL Y RESGUARDO EN SU RECINTO DE TRABAJO. IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS URGENTES DE PROTECCIÓN.

1. Desde la Asociación de Jueces por  la Democracia, repudiamos cualquier acto de violencia generalizada y sistematizada, que se realice con el fin de generar temor e impunidad en el sistema de justicia en nuestro país, por lo tanto lamentamos profundamente el sacrificio de vidas humanas, por sectores criminales que en desprecio del respeto a la vida, realizan este tipo de actos a fin de satisfacer sus oscuros fines.
2. Como hemos también señalado en diferentes oportunidades, las instalaciones de la mayoría de Tribunales de justicia en el país, no cuentan con estructuras físicas acordes  que garanticen la seguridad de los funcionarios y empleados judiciales y demás usuarios que a diario realizan sus actividades en los mencionados recintos, aumentándose esta situación de inseguridad en los Juzgados de Paz ubicados distantes al casco urbano, en los cuales los riesgos para la vida  e integridad física son aún mayores.
3. En representación de la AJD, y de los funcionarios judiciales  miembros de nuestra asociación que desempeñan su labor jurisdiccional en el Poder Judicial,  exigimos de nueva cuenta a las altas autoridades de la Corte Suprema de Justicia, y en especial al  actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia ( por la dualidad de sus funciones y decisiones de carácter  administrativas y judiciales),  la necesidad de implementar y dotar a  los jueces (as)  y empelados (as)  judiciales  de mecanismos de protección laborales ( personales y  de estructuras físicas) que sean efectivos y eficaces, y así mismo, de protocolos diferenciados, que agilicen en cada caso en particular una pronta respuesta para aquel funcionario y empleado judicial que solicite medidas de protección por razón del ejercicio de su cargo.
4. Es de mencionar que esta violencia sistematizada que impera en el país, desvela la vulnerabilidad de los operadores de justicia, frente a la violencia, resultando recurrente, y con antecedentes históricos nefastos con pérdidas de vidas de jueces, fiscales, agentes de la seguridad pública  y efectivos miliares  en todo el territorio nacional,  cuestionado más por el hecho que a la fecha en su mayoría  estas acciones  criminales continúan impunes y por ende constituye un mensaje negativo del respeto al imperio de la Ley.
5. Si bien,  la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia,  es una realidad desde mayo de 2015 con su entrada en vigencia, no es menos cierto, que a 5 años después poco o nada se ha mejorado en el tema de seguridad pública referente a éste sector vulnerable,  siendo este el reflejo de la realidad de inseguridad ciudadana que impera en el país; lo que necesariamente debe comprometer a la autoridades estatales, a realizar Políticas Criminales efectivas que garanticen un país seguro para todos  los  ciudadanos  y diferenciando para aquellos sectores que por razón de su actividad laboral  o causa que defienden resultan más vulnerables frente a la criminalidad organizada.
6. Otro punto, que es propicio resaltar es la utilización por parte de estos grupos criminales del uso de  armamento de grueso calibre,  vestimentas similares  a la Policía Nacional y Policía Militar y la utilización de capuchas para cubrir sus rostros, circunstancias que al acontecimiento de un hecho violento como el que hoy nos ocupa y su posterior enjuiciamiento, genera limitantes para efectos de la investigación criminal; ante la normalidad con la laque actualmente  las fuerzas de seguridad pública y castrense en el país hacen uso de mecanismos para ocultar su rostro,  aunado a la presencia de militarización indiscriminada en muchos casos dentro de los recintos jurisdiccionales, lo que impide identificarlos  e individualizarlos (aun con las cámaras de seguridad que existen en algunos recintos judiciales ), por los que es necesario entonces replantearse si resulta adecuado o no bajo este “modus operandi” de los grupos criminales, continuar con estas prácticas de la utilización de capuchas por los agentes policiales y militares, por la confusión  y riesgo que provoca  a la ciudadanía determinar si se está frente a una autoridad o frente a un delincuente.
7. Por tales razones y la preocupación que desde nuestra asociación nos genera este tipo de hechos, y en aras de que no se sigan suscitando, ya que sin  lugar a dudas atentan y afectan un ejercicio jurisdiccional independiente, al pretenderse con este tipo de acciones  coaccionar,  amenazar, intimidar e impedir  través del uso de la fuerza y violencia el cumplimiento de los fines de la justicia; con actos tan deplorables como el que hoy nos ocupan, en consecuencia solicitamos a la mayor brevedad posible que desde la presidencia de La Corte Suprema de Justicia, se promuevan las acciones siguientes : 

a) Evaluar las incidencias ocurridas en los Juzgados del Progreso, Yoro, solidarizarse con todos los funcionarios y empleados judiciales y usuarios que presenciaron estos hechos tan violentos.

b) Promover ante las autoridades competentes  la denuncia de los hechos ocurridos, y solicitar la integración de  entes investigadores del Estado a fin de obtener una investigación pronta y efectiva, a fin de evitar la impunidad de los autores de estos hechos.

c) Promover una mesa de dialogo con las asociaciones jueces, defensores públicos  y empelados judiciales a fin de promover acciones que garanticen a los operadores de justicia su seguridad y resguardo en su recinto de trabajo con  la implementación de medidas urgentes de protección para las y los operadores de justicia.

d)  En el caso particular de las instalaciones del Juzgado del Municipio de Progreso, Departamento Yoro, así como en otros juzgados del país,  se realice una pronta construcción de los perímetros, como una acción mínima de seguridad.

e)  La irreparable pérdidas de vidas humanas de los agentes policiales y militares en el ejercicio de su deber; rememoran los viles asesinatos de nuestra compañera jueza Mireya Mendoza y de las compañeras fiscales Marlen Jeaneth Banegas y Olga  Patricia Eufragio, entre otros; por lo que exigimos ¡NO MAS VIOLENCIA E IMPUNIDAD!

San Pedro Sula, 14 de febrero de 2020.

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

ASOCIACION DE JUECES POR LA DEMOCRACIA