El pasado 15 de julio de 2019, el presidente del Poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández atacó mediante la cobertura mediática, las resoluciones que en meses recientes dictaron dos juezas de ejecución de penas de San Pedro Sula y El Progreso, Yoro en las que se ordena declarar nulo el acto administrativo mediante el cual se impone la sanción disciplinaria de ENCIERRO COLECTIVO PERMANENTE de los reclusos de “El Pozo”. “Pero lo que ordenó el sistema judicial a través de estos dos jueces fue que salieran”, lamentó el Presidente Hernández, y dijo que “aquí se presenta un dilema jurídico: ¿Quién tiene la razón?”.
La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), que por 12 años se ha dedicado a defender y promulgar la independencia judicial en Honduras, ve con preocupación este acto que vulnera la separación de poderes y la independencia de jueces y juezas que no deben ponerse en entredicho por el presidente de otro poder del Estado. En un entorno institucional democrático las decisiones de los jueces y juezas se respetan y se acatan, y en caso de inconformidad con las mismas se recurren en tiempo y forma. Ese es el procedimiento tanto para los ciudadanos como para las autoridades.
“El artículo 303 de la Constitución de la República establece que la impartición de justicia debe hacerse independiente e imparcial y debe garantizarse esa independencia para así garantizar el debido proceso legal, un proceso justo, y que las decisiones jurisdiccionales se acaten de manera respetuosa”, expresó la directora de la AJD, Fany Bennett reforzando el comunicado que como asociación se publica este día.
Bennett además añadió que es necesario que el presidente de la Corte Suprema de Justicia asuma su rol de garante de la independencia judicial. “El presidente de la Corte debe pronunciarse para efecto de que haya un respeto y se garantice la separación de poderes que debe existir un Estado de Derecho”.
La resolución en discusión no hace más que resolver o estimar con lugar la queja de decenas de reclusos que acudieron a los juzgados de ejecución de penas en amparo para que cesaran los malos tratos en su contra, y en un acto de tutela judicial efectiva se ordena declarar nulo el acto administrativo mediante el cual se impone la sanción disciplinaria de ENCIERRO COLECTIVO PERMANENTE de los reclusos de “El Pozo”, a quienes mantenían en las sus celdas sin posibilidad de salir al área de recreación del mismo modulo. Asimismo, esta resolución es relevante por la protección de derechos de los privados de libertad al ordenar:
• El DESENCIERRO de los centenares de reclusos que se encuentran en ENCIERRO COLECTIVO PERMANENTE, debiendo establecerse como mínimo 8 horas diarias de tratamiento y formativas y 8 horas para el descanso.
• El cese inmediato de actos violentos por parte de la autoridad militar, especialmente lo concerniente a lanzarles bombas lacrimógenas y balas de goma
• Garantizar a los reclusos el derecho a la alimentación y a agua embolsada por ser de deficiente calidad la que abastece el centro penitenciario.
La AJD concluye en el comunicado público que “en lugar de atacar tendenciosamente las resoluciones judiciales, el Poder Ejecutivo y la autoridad penitenciaria debe situarse en su rol de garantes de la vida y la seguridad de la población penitenciaria, y aprovechar estas decisiones jurisdiccionales para enmendar las graves violaciones de derechos humanos que en aras de la seguridad acontecen en los centros penitenciarios”.
La jueza Fany Bennett agregó que “la independencia judicial no es una garantía para el juez, sino para el ciudadano. Esto significa que cualquier persona que esté sometida a cualquier proceso se le va a garantizar que cualquier juez va a responder a la ley, ajeno al conflicto y ajeno al interés de las partes, la única obligación del juez es resolver el conflicto de forma independiente, imparcial y garantizando la igualdad, el debido proceso legal, la celeridad del proceso, y cualquier otro derecho que tiene que ver con derechos fundamentales.
Por eso es importante que la ciudadanía entienda que esto es en beneficio de la justicia como tal. Por eso la importancia que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, asuma su rol de garante de la independencia judicial”.
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