Tegucigalpa, Honduras (AJD). La Coalición contra la Impunidad anunció este jueves que estarán en permanente observación del Juicio Oral y Público de uno de los casos que componen la causa por el asesinato contra Berta Cáceres.
“Tenemos que reunirnos para ir planificando mayores acciones de observación y acompañamiento y potenciar cada hecho de arbitrariedad o de anormalidad que quieren hacer normal; tenemos que organizarnos por turnos para observar este proceso porque no solo es este juicio sino que son más casos y se va a tener que agendar como prioridad para exhibir los actos de denegación de justicia desde el sistema mismo, en una caso tan emblemático”, expresó la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Cofadeh), Bertha Oliva, después de la conferencia de prensa de la Coalición contra la Impunidad.
Durante la conferencia, realizada este jueves, la Coalición contra la Impunidad leyó un comunicado, firmado por 53 organizaciones no gubernamentales de esta agrupación.
Mediante el comunicado se denuncian hechos, relacionados con este juicio, y se solicitó independencia judicial: “Instamos al Tribunal de Sentencia a que realice un efectivo control jurisdiccional independiente que garantice una participación real de las víctimas en el proceso y que emita una sentencia coherente con las pruebas que el Ministerio Público y las acusaciones privadas han propuesto y evacuaran, cumpliendo así la obligación del Estado de sancionar a los responsables de los hechos”, dice el comunicado.
En su rol de integrante del equipo legal, que actúa como acusación privada en el juicio, el abogado Víctor Fernández, explicó que hay un equipo de abogados que trabajan hace dos años para lograr justicia en la causa Berta Cáceres.
Fernández destacó que el equipo de juristas quieren precisar que le han denominado Causa Berta Cáceres porque en línea hay tres casos que integran el caso.
“La causa de Berta Cáceres es mucho más que el juicio que empieza el 17 de septiembre, este es el primer caso de una serie de casos que integran la Causa Berta Cáceres; para que cuando finalice (el juicio), no caigamos en la trampa del gobierno y de los criminales de que ya se hizo justicia”, explicó.
Enumeró que estos tres juicios que componen la Causa Berta Cáceres son, en primer lugar, los ocho autores materiales que van a juicio oral y público el 17 de septiembre.
En segundo lugar, el caso contra Roberto David castillo Mejía, presidente del Consejo de Administración de DESA cuando ocurrió el crimen, que no está incluido en este juicio oral que empieza el 17 y “una petición particular que planteamos al Ministerio Público”, en octubre de 2017, para investigar a los autores intelectuales, se tiene la identidad de los autores intelectuales y toda su estructura, describió Fernández.
En tercer lugar, mencionó como parte de la causa, la confrontación con DESA, que es el planteamiento que tiene el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) para que DESA salga del territorio indígena lenca y que se revoque la concesión de DESA en el rio Gualcarque.
Además, el COPINH tiene una demanda en tribunales de Holanda contra el Banco Holandés que ilegítimamente financió el proyecto hidroeléctrico y contra funcionarios del Estado hondureño de la estructura policial y del gobierno central, detalló Fernández.
Calificó como importante y oportuno este anuncio de la Coalición para observar el juicio y “que sea una observación calificada que observe y se pronuncie oportunamente”, dijo.
Laura Zúniga, hija de Cáceres, denunció que el juicio se ha celebrado en secreto y que en las audiencias previas al juicio oral y público, el Tribunal de Sentencia les ha prohibido usar sus atuendos indígenas lencas para entrar a las audiencias y les han restringido el acceso a la población indígena aglutinada por el COPINH.
Como voceros delegados, participaron en la divulgación de este comunicado, Gilda Rivera del Centro de Derecho de Mujeres (CDM); Oliva del Cofadeh, Berta Zúniga, del
COPINH, Jessica Trinidad de la Red Nacional de Defensoras; Edgar Soriano del Comité por la Libre Expresión (C-Libre); Guillermo López Lone de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD).
PRONUNCIAMIENTO DE LA COALICIÓN CONTRA LA IMPUNIDAD ANTE EL JUICIO DE LA CAUSA BERTA CÁCERES
La Coalición contra la Impunidad, frente al inicio del juicio de la causa Berta Cáceres, programada para el 17 de septiembre de este año, ante la opinión pública nacional e internacional, se pronuncia de la siguiente manera:
PRIMERO: La Coalición Contra la Impunidad mantendrá el rol de acompañante durante el desarrollo del juicio, en el cual ya se observan una serie de obstáculos e ilegalidades que han viciado el proceso.
SEGUNDO: Valoramos como un factor negativo determinante la falta y negación de acceso a la información relacionada a la causa a las víctimas y sus apoderados legales, como parte de la debida diligencia en la realización de peritajes y la denegación por parte del Tribunal para que el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) se incorporara como víctima en el proceso.
TERCERO: Demandamos el esclarecimiento real de los hechos y el derecho de acceso a la justicia que incluye la citación como testigos de varios miembros de la familia Atala Zablah, dueños de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).
CUARTO: Denunciamos que el Ministerio Público, aun contando con la información necesaria, no ha acusado a los autores intelectuales de alto nivel pues hasta el momento sólo se enjuician como autores materiales a: Emerson Duarte Meza, Edilson Atilio Duarte Meza, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henrry Javier Hernández, Oscar Aroldo Torres Velásquez y como autores intermediarios a: Mariano Díaz Chávez, militar activo al momento del asesinato, Douglas Geovanny Bustillo, exjefe de seguridad de DESA, Sergio Ramón Rodríguez Orellana Gerente del área social, ambiental y de comunicaciones de DESA.
QUINTO: Condenamos la campaña de desprestigio y desinformación realizada por un bufete privado en representación de la empresa DESA en contra del COPINH.
SEXTO: Lamentamos la falta de esclarecimiento en que se encuentran las decenas de denuncias interpuestas por Berta Cáceres por las agresiones ejercidas en su contra previas a su asesinato.
SÉPTIMO: Instamos al Ministerio Público a que aporte todos los elementos de prueba que están en su poder contra los acusados y que presente las acusaciones pendientes contra los autores intelectuales como parte de una participación diligente como representante de la sociedad hondureña en el juicio que se llevará a cabo este mes de septiembre.
FINALMENTE: Instamos al Tribunal de Sentencia a que realice un efectivo control jurisdiccional independiente que garantice una participación real de las víctimas en el proceso y que emita una sentencia coherente con las pruebas que el Ministerio Público y las acusaciones privadas han propuesto y evacuaran, cumpliendo así la obligación del Estado de sancionar a los responsables de los hechos.
Tegucigalpa, Honduras, 06 de septiembre de 2018
COALICION CONTRA LA IMPUNIDAD
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