Informe CIDH cuestiona la independencia e imparcialidad judicial en Honduras

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó este mes el informe Situación de los Derechos Humanos en Honduras en el que destacan la persistencia de desafíos que debilitan la garantía de independencia e imparcialidad judicial, “continúa prevaleciendo un excesivo control por parte de la Corte Suprema tanto en el sistema de nombramiento como de remoción de jueces y juezas”, señala la CIDH.

De acuerdo con el informe, Honduras continúa manteniendo niveles críticos de impunidad que tiene como efecto perpetuar y favorecer la repetición de graves violaciones a los derechos humanos. Además, señala que las organizaciones de sociedad civil han denunciado en diversas ocasiones que existen denuncias de una justicia «selectiva» que no ofrece respuestas efectivas a las violaciones a derechos humanos pero que favorece los intereses de actores vinculados al poder público, político y empresarial.

“La CIDH ha presentado un informe muy completo donde enfatiza en esas problemáticas que son de preocupación en general al país, también con la concentración del poder en el ejecutivo y en el judicial, que esto repercute en la perdida de la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y políticas del país que lo que representa es un quebrantamiento de la institucionalidad y la democracia en Honduras”, afirma Martha Dubón, subcoordinadora de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD).

El informe fue realizado después de una visita in loco entre el 30 de julio y 3 agosto de 2018, además de otras visitas y los monitoreos constantes a los derechos humanos que realiza la comisión través audiencias, procesamiento de medidas cautelares, peticiones y casos.

La CIDH aborda por una parte sobre la situación de derechos humanos en el país, con énfasis en el conflicto post electoral, la seguridad ciudadana, la administración de justicia, la libertad de expresión, la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Por otra parte, analiza de manera particular la situación de las mujeres; niñas, niños y adolescentes; personas LGBTI; personas defensoras de derechos humanos y operadoras de justicia; personas privadas de libertad; pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades garífunas; y personas en contexto de movilidad humana.

“Si lo relacionamos un poco con nuestras recomendaciones en el Examen Periódico Universal (EPU), la comisión también hace alusión a las mismas preocupaciones que tiene sociedad civil: ellos enfatizan mucho en todo el tema del proceso electoral en la crisis de 2017 que se manifestó en un contexto de violencia y el uso desproporcionado de la fuerza pública, ellos piden al Estado que por favor esclarezca y presente un informe sobre las investigaciones en el caso de los presos políticos y las violaciones a los derechos humanos en manifestaciones”, añade Dubón.


En septiembre, en el marco del 173 periodo de sesiones de la CIDH, la Coalición Contra la Impunidad, conformada por 58 organizaciones entre ellas la AJD, denunció las violaciones a derechos humanos bajo el uso desproporcionado de la fuerza para reprimir en las manifestaciones y los asesinatos cometidos por los cuerpos armados y seguridad en Honduras durante las protestas. También se interpeló al Estado de Honduras exigiendo un informe donde mostraran los avances de las investigaciones por las personas asesinados en el marco de la crisis post-electoral y en las protestas de salud y educación que se dieron este año.

El informe recomienda que el Estado de Honduras debe enmarcarse en las normativas internacionales para respetar el derecho a la manifestación pacífica de la población. De acuerdo con Dubón, la CIDH en reiteradas ocasiones le ha hecho observaciones al Estados de Honduras para que revise la estructura de leyes, especialmente ante la implementación del nuevo Código Penal, “se saben que siempre van criminalizando, incluso en la reciente audiencia de sesiones se presentó que este nuevo código criminaliza la protesta social y libertad de expresión. La comisión que participamos concretamos en que hay un delito como tal que se llama manifestaciones ilícitas que violenta nuestro derecho constitucional”.

El informe de la CIDH también hace énfasis en que presente una investigación sobre los femicidios que en los últimos años se ha disparado el índice en el país, así como también exige investigaciones sobre la muerte de personas de la diversidad sexual que siguen en la impunidad.

Para la AJD, el seguimiento de estas recomendaciones es de suma importancia para recuperar la institucionalidad y la democracia en el país, “esperamos que este sea un punto de inicio en el país para que se pueda recuperar el estado de democracia que tanto anhelamos. Necesitamos que haya un verdadero seguimiento a estas recomendaciones y que contribuyan a que se recupere la institucionalidad que se ha venido quebrantando en la última década”, finaliza Dubón.

Lee aquí el informe completo.

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