Honduras ante la CIDH en el contexto de crisis post electoral 2017-2018

En la audiencia se denunció la situación de violencia que vive Honduras tras las últimas elecciones el 26 de noviembre del 2017 y se aportaron datos sobre las graves violaciones a derechos humanos efectuadas en ese escenario.
Respecto del contexto previo a las elecciones, la delegación de sociedad civil señaló: “En los últimos años, el Poder Ejecutivo hondureño, presidido por Juan Orlando Hernández ha promovido decisiones para aumentar la concentración de poder en su persona y así controlar instituciones clave como la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República, el Tribunal Supremo Electoral, entre otros.”

Frente a la delegación del Estado, la sociedad civil informó a los y las comisionadas sobre las cifras de violaciones a derechos humanos recopiladas. Indicaron que entre el 26 de noviembre de 2017 y el 24 de febrero de 2018, registraron 192 manifestaciones reprimidas y alrededor de 1257 detenciones; 1 persona detenida desaparecida, 38 muertes de personas en el marco del conflicto; 76 personas víctimas de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes; 393 personas heridas y lesionadas en las manifestaciones, varias de ellas con consecuencias irreversibles en su salud, 105 personas desplazadas por persecución política; 15 periodistas agredidos; 89 personas criminalizadas, 24 de ellas están en prisión preventiva y las consideramos personas prisioneras políticas; así como 73 personas defensoras víctimas de amenazas y otras acciones.

Alertaron también sobre el uso de tácticas y estrategias empleadas por los cuerpos de seguridad del Estado para reprimir, perseguir e intimidar a los y las manifestantes en el país, entre las cuales señalaron los allanamientos de morada y registros indebidos, el uso indiscriminado de gases lacrimógenos, lanzados directamente al cuerpo de los manifestantes y dentro de espacios cerrados, particularmente dentro de casas particulares y el uso de disparos a bala viva como mecanismo para dispersar manifestaciones públicas y perseguir manifestantes.
Respecto de las personas que están siendo criminalizadas, las organizaciones señalaron que se les está acusando por delitos que pareciera no tener un contenido político, y en muchos casos, a las personas detenidas se les ha implantado prueba para garantizar la acusación.

Sobre los ataques a defensores y defensoras, denunciaron con datos concretos las modalidades en las cuales estos se han efectuado, la criminalización y hostigamiento, la intimidación y el uso de campañas de desprestigio, la obstaculización de la labor de defensoría. Entre los ataques a la libertad de expresión señalaron sabotajes a medios de comunicación independientes, vigilancia y hostigamiento a las instalaciones y personal de medios y sabotajes a las trasmisiones en vivo.

Finalmente, como parte de sus peticiones al Estado de Honduras, solicitaron que este se comprometa a cesar el uso indiscriminado y excesivo de la fuerza en las manifestaciones, así como la persecución selectiva de los líderes sociales, entre otras, con la finalidad de garantizar la investigación de las violaciones a derechos humanos efectuadas y a fin de lograr justicia y verdad integral para las víctimas y para la población hondureña.

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