Tegucigalpa, Honduras. Un auto de prisión, con la medida cautelar de prisión preventiva, fue dictado este día al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés y a cinco funcionarios judiciales más.
Los medios locales informaron que un Tribunal en Materia de Corrupción cambió las medidas sustitutivas de prisión para ser escuchados en libertad y decidió enviar a prisión al expresidente del Poder Judicial, junto al exvicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla.
El Consejo de la Judicatura había sido creado para seleccionar a los jueces y juezas de Honduras.
Los otros exfuncionarios judiciales imputados junto a Bonilla y Rivera Avilez son Julio Barahona, Liliam Maldonado, Celino Aguilera y José Francisco Quiroz, sospechosos del supuesto desvío de 13 millones de lempiras (más de medio millón de dólares).
El periódico Proceso.hn describió este miércoles, al divulgar esta noticia, que “el expresidente del Poder Judicial, Jorge Rivera Avilés, es acusado por 60 delitos de malversación de caudales públicos y 131 por abusos de autoridad, mientras que Teodoro Bonilla por 88 delitos por malversación de caudales públicos y 14 de abuso de autoridad.
“Igualmente, a Liliam Maldonado Sierra se le considera responsable de la comisión de 67 delitos de malversación de caudales públicos y finalmente a Celino Arístides Aguilera se le acusa de 78 delitos de malversación de caudales públicos y 3 delitos de uso de documentos privados falsos. El resto de miembros del Concejo de la Judicatura como Julio César Barahona Henríquez, se le acusa de 67 delitos de malversación de caudales públicos, Francisco Quiroz por 93 delitos de malversación de caudales públicos”, dice la publicación.
Antecedentes de Teodoro Bonilla
El 11 de septiembre de 2017, la Sala III del Tribunal de Sentencia, por unanimidad de votos, fijó una pena de seis años de reclusión para el ex vice Presidente del desaparecido Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, Teodoro Bonilla Euceda, por el delito de Tráfico de Influencias.
Bonilla que tuvo una carrera como magistrado, antes de convertirse en consejal del Poder Judicial, también, fue condenado al pago de una multa de 200 mil lempiras y a la inhabilitación absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la pena impuesta, según un boletín del Poder Judicial. Eso quiere decir que no podía ejercer su carrera.
De acuerdo con los hechos planteados en juicio oral y público, Bonilla Euceda fue declarado culpable el 30 de junio de 2017 por dicho Tribunal por el delito de Tráfico de Influencias en perjuicio de la Administración Pública en la resolución dictada a favor de sus familiares Dennys Donadyn Bonilla García acusado por Almacenamiento Ilegal de Armas y Municiones Comerciales y Almacenamiento de Armas Prohibidas y Carlos Roberto Bonilla, acusado por los delitos de Lavado de Activos y Almacenamiento de Arma Prohibida y Municiones en el caso conocido como “Shalom”.
Según la fuente judicial, “este caso igualmente relaciona a la ex jueza Liz María Núñez Cardona, quien resolvió sobreseer provisionalmente a Carlos Roberto Bonilla por el delito de Lavado de Activos, decretándole auto de Apertura a Juicio Oral únicamente por el delito de Posesión Ilegal de Armas de Uso Prohibido”.
Por el mismo caso, el Ministerio Público relacionó en el tráfico de influencias a la ex magistrada de la Corte de Apelaciones Delmy Elizabeth López “quien durante el debate mediante comunicaciones telefónicas entre ella, Núñez Cardona y el secretario de esta última fueron señaladas con la pruebas evacuadas durante el Juicio Oral y Público para favorecer a familiares del ex concejal Bonilla Euceda durante las audiencias preparatorias del proceso penal de los involucrados en el caso Shalom”, cita el boletín.
El caso de Carlos Roberto Bonilla fue elevado a Juicio Oral y Público el 16 de septiembre de 2016, la Sala II del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional lo declaró culpable junto al señor Luis Antonio Lara Herrera por el delito de Lavado de Activos, este último condenado también por otros delitos de Usurpación del Estado Civil en perjuicio de Carlos José Fúnez Cáceres, Almacenamiento de Armas de Uso Prohibido y Almacenamiento de Armas de Uso Comercial en el mismo caso.
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