La presidenta de la Asociación de Jueces por la Democracia, AJD, Fany Bennett, participó el viernes 7/11/2025, en la sesión del Examen Periódico Universal, EPU, al Estado de Honduras, realizado en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza. Entre el 3 y el 7 de noviembre, realizó otras actividades y encuentros con representantes de misiones permanentes de diversas naciones ante la ONU, mecanismos de vigilancia de los derechos humanos de Naciones Unidas y organizaciones de cooperación internacional, actuando como representante de la AJD y difundiendo el “Informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras. Cuarto Ciclo del EPU”, elaborado por la Coalición Contra la Impunidad, CCI, de la cual forma parte la AJD.
La presidenta sostuvo seis reuniones con igual número de funcionarios/as de misiones permanentes ante la ONU de Argentina, Canadá, Chile, España, Noruega y Uruguay. También con la Encargada de Administración de Justicia, en la Sección Estado de Derecho y Democracia de la OACNUDH y dos reuniones con dos ONG internacionales: Federación Luterana Mundial y Brigadas de Paz Internacional, siendo esta última la organización que brindó acompañamiento a la jueza Bennett, en el desarrollo de esta misión internacional, para lo cual también tuvo el apoyo de la compatriota hondureña Julia Vásquez, residente en Ginebra. El viernes 7, por la tarde, luego de la sesión del EPU, presentó un resumen, en video pregrabado, sobre el desarrollo de dicha sesión, en el foro “Honduras y el Examen Periódico Universal/EPU”, realizado por la CCI, en San Pedro Sula.
La AJD, como parte de la CCI, históricamente ha dado seguimiento al EPU de Honduras, que consiste en una revisión del cumplimiento de todos los tratados de derechos humanos, a nivel universal, ratificados por Estados miembros de la ONU, que se realiza cada cuatro años y medio. Se trata de una evaluación entre pares, ya que lo realizan otros estados parte de la ONU, quienes se basan en los informes de sus capitales, las de las embajadas de su nación en el país examinado, los informes de los mecanismos de supervisión de la ONU y los informes de las organizaciones no gubernamentales, a quienes se les denomina “partes interesadas”.
Para el examen que corresponde al actual 4º ciclo del EPU, la CCI desde hace más de dos años inició un proceso de recopilación y análisis de información mediante el Sistema de Seguimiento a Recomendaciones a Honduras, SINSERHO, una herramienta informática que permite sistematizar los datos recopilados y concentrar los análisis parciales por áreas temáticas de derechos humanos. Esto posibilitó organizar hallazgos y recomendaciones del referido informe de la CCI en los siguientes ejes temáticos: 1) Mujeres; 2) Independencia judicial; 3) Derechos de las personas LGTBIQ+; 4) Derechos a la tierra y el territorio; 5) Movilidad humana; 6) Tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes; 7) Derechos de las personas defensoras de derechos humanos; 8) Niñez; y 9) Discapacidad.
La misión realizada por la presidenta de la AJD complementó a la misión previa, realizada por una delegación amplia de la CCI en el período de Pre-Sesiones del EPU, entre el 25 y 29 de agosto, en Ginebra. Ambas pueden discapacidad, laosas porque los estados examinadores retomaron muchas de las recomendaciones de los informes alternativos elaborados por la CCI y reiteradas en las reuniones con misiones permanentes, entre ellas las referidas al cese del Estado de Excepción, la protección de defensores de derechos humanos, el fortalecimiento de los derechos de las mujeres, población LGBTIQ+, niñez, personas con discapacidad, la adhesión a tratados internacionales, la independencia judicial y el acceso a la justicia.
En independencia judicial, España, Francia, Canadá, Austria, Reino Unido, Brasil y Australia coincidieron en que la autonomía del Poder Judicial es esencial para el Estado de derecho e instaron a: i) Evitar interferencias políticas en la Corte Suprema, el MP y el Consejo de la Judicatura; ii) Fortalecer los mecanismos de selección y evaluación de jueces, asegurando transparencia y mérito; iii) Garantizar la seguridad jurídica frente a reformas legales que puedan debilitar la separación de poderes. El acceso a la justicia fue menos mencionado explícitamente, pero está relacionado con la protección a defensores de DDHH y periodistas. Noruega, Suiza, Países Bajos y Francia recomendaron fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección, con autonomía y recursos, para garantizar que las víctimas puedan acceder a justicia sin represalias. También pidieron investigaciones imparciales y diligentes ante amenazas, ataques o abusos.
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