Los funcionarios y empleados judiciales de la sección judicial de San Pedro Sula y La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD); ante el pueblo hondureño y la comunidad internacional, nos pronunciamos de la siguiente manera:
1.-Hemos observado como las autoridades del Poder Judicial en los últimos años han destinado una gran parte del presupuesto institucional a la construcción de nuevos edificios en diferentes lugares del país, para ofrecer un mejor servicio a los usuarios del poder judicial. Como Asociación saludamos el interés de esta administración para que algunas sedes judiciales a nivel nacional estén modernizando sus instalaciones y tratando de dar una mejor imagen en cuanto a infraestructura se refiere.
No obstante, aprovechamos esta oportunidad para recordarle al señor Magistrado Presidente, que los edificios en sí mismos no son el eje principal para una eficiente atención ni de calidad en las distintas dependencias que conforman el Poder Judicial, sino que el activo principal y más valioso siempre serán las personas que ocupan los cargos de funcionarios y empleados en cada una de las dependencias de este Poder del Estado, quienes a pesar de pandemias, luto, calamidades domésticas y pasos de huracanes no han dejado de brindar el servicio que la Constitución y las leyes establecen y quienes tratamos de hacerlo de la mejor manera posible.
2.- Nuestro desempeño y esfuerzo en la prestación de los servicios no es compatible con la remuneración que aquí se recibe, pues consideramos que, de los empleados y funcionarios estatales, somos los peor pagados, esto sin considerar, que por el tipo de trabajo que desempeñamos, día a día arriesgamos no sólo nuestra seguridad personal sino la de nuestras familias, tomando en cuenta, además, la situación de riesgo y los altos índices de violencia que se registran en el país. Que además de lo señalado anteriormente, es de conocimiento público el costo de la vida en nuestro país no sólo se ha elevado, sino que se ha disparado en los últimos años lo que ha ido reduciendo más y más el bajo salario que percibimos y anula toda capacidad de adquisición y desarrollo, así como la posibilidad de satisfacer todas las necesidades vitales en condiciones dignas.
Recalcamos que en los últimos 10 años los empleados del Poder Judicial hemos venido recibiendo aumentos de salario que resultan totalmente raquíticos, puesto que no llenan las necesidades económicas de los servidores judiciales, ni compensan en nada el acelerado aumento al costo de vida y por el contrario dichos porcentajes han andado en un 4% lo que en cifras reales representan unos L500.00, para las escalas más bajas donde estamos comprendidos la gran mayoría de servidores judiciales. Por otra parte, hemos de señalar, que tales aumentos salariales, para mayor desgracia corresponden al seguimiento de una práctica antidemocrática e ilegítima implementada por el nefasto Consejo de la judicatura, órgano que afortunadamente fue eliminado junto a la legislación que le dio vida, el cual, procedía a aprobarlos a partir delos meses de agosto y septiembre de cada año en vez de hacerlo desde el mes de enero como corresponde.
Enfáticamente señalamos que cuando estuvimos en las peores condiciones por la pandemia al aumentar
nuestros gastos, incluso algunos empleados y funcionarios, sufrieron perdida de familiares y otros compañeros perdieron sus vidas; cuando nuestra zona norte fue azotada por los terribles huracanes ETA e
IOTA, ese año 2020 fuimos castigados por esta administración sin ningún aumento salarial, negándonos
el derecho adquirido correspondiente a dicho año; no solo eso, el siguiente año 2021, esta Administración, aprobó un pírrico aumento desde el mes de agosto, sin ninguna consideración a los que aun en los peores momentos estuvimos al frente cubriendo nuestros puestos, contagiándonos y algunos hasta perdiendo la vida.
Por todo lo anteriormente expuesto, es nuestra exigencia que así como se invierte en edificios y estacionamientos para mejor atención del usuario, se priorice a los empleados y empleadas que son los
principales autores en la gestión de calidad y eficiencia además de ser la cara visible ante la población nacional e internacional del Poder Judicial, siendo mucho más importantes que los edificios, y se nos otorgue un aumento digno para los empleados judiciales de quince por ciento (15%) quince por ciento para la escala salarial más baja, de un diez por ciento (10%) para los intermedios y un ocho por ciento (8 %) para las escalas salariales más altas.
Pedimos que se reconozca el derecho a los compañeros y compañeras que por varios años han estado prestando sus servicios por contrato o en forma interina fuera de los plazos y justificaciones legales establecidas en la ley de la Carrera Judicial, a quienes se les violentan todos los derechos laborales que las leyes nacionales y tratados internacionales les conceden , haciendo de esto una mala práctica, violando el principio de a igual trabajo igual salario porque está claro que esas condiciones de contratación son excepcionales y por tiempo definido, no como una forma de contratación convencional, no obstante esta administración ha mantenido a compañeros hasta con 13 años de servicios por contrato o interinato en puestos cuyas plazas permanentes están disponibles y así estimadas en los presupuestos anuales, por lo cual tienen derecho a sus acuerdos de permanencia. Denunciamos además que esas contrataciones se han utilizado para nombramientos por compadrazgo político o amistoso lo que exigimos sea erradicado y se reconozca el derecho a quienes han realizado sus labores en esas condiciones durante muchos años.
Por último, hacemos un llamado al señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, para que en cumplimiento de las atribuciones que le fueron asignadas en base a la ley, abra las mesas de diálogo a esta asamblea representada en sus juntas directivas para la discusión de la problemática relacionada con los servidores judiciales, tales como el aumento salarial correspondiente al año en curso y el reconocimiento de los derechos laborales de los funcionarios y empleados en interinato o contrato que han permanecido en lamentable condición por varios años en base a criterios de antigüedad y eficiencia laboral.
Dado en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés a 31 días del mes de marzo de
2022.
ANFEPJ San Pedro Sula Asociación de Jueces por la Democracia
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