Este 10 de agosto se reunió la comisión del Congreso Nacional designada para la revisión del nuevo Código Penal, con miembros de la sociedad civil y posteriormente se brindo una conferencia de prensa expresando que la finalidad de esta comisión es hacer recomendaciones por la derogación o reforma del nuevo Código Penal decreto 130-2017.
La reunión fue presidida por la diputada Silvia Ayala, con la participaron de los miembros de sociedad civil, entre ellos los jueces Adán Guillermo López Lone e Iván Raúl Chávez de la Asociación de Jueces por la Democracia AJD, Reina Rivera de la plataforma internacional Diakonia, Edy Tabora y Kenia Olvida del Bufete de Justicia para los Pueblos, quienes aportaron sus insumos y valoraciones sobre este tema.
El Juez Adán Guillermo López Lone, manifestó que es muy importante que se esté impulsando un debate e investigación sobre la forma en que se aprobó el vigente Código Penal, para conocer si hubo irregularidades durante su aprobación. Agregando que la AJD, desde la discusión del proyecto del Código Penal le dio seguimiento y realizó diversas investigaciones qué se compartieron con la sociedad civil.
Durante la reunión se analizaron las consecuencias de la aplicación del nuevo Código Penal, resultando que se han beneficiado a personas acusadas de delitos de corrupción, particularmente autores del saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS, a quienes se le redujeron sus penas permitiéndoles salir en libertad. De igual modo, ha sucedido con la reforma que se hizo en noviembre de 2021 al delito de lavado de activos
El Juez López Lone, dijo que “el Congreso debe tomar una sabía decisión… en la comisión planteamos que creemos que hay que ponderar el asunto de la derogación versus la reforma”, la primera implica hacer un nuevo Código, un esfuerzo que no conlleva meses sino años y además traería como consecuencia incertidumbre en el aspecto jurídico para los operadores de justicia al tener que decidir entre al menos cuatro leyes en el tiempo para aplicar la más favorable a los acusados.
La comisión va a seguir reuniéndose con otros sectores de la sociedad civil y con representantes de la academia y de los sectores profesionales. Siendo una de las preocupaciones los delitos de corrupción y aquellos tipos penales que criminalizan la protesta social. En general se valora que el Código Penal tiene avances de carácter dogmático y esa es una de los aspectos a tener en cuenta para valorar la posibilidad de una reforma integral, recalcó el juez.
La creación de esta comisión fue anunciada el pasado 6 de julio por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo Guifarro, con la finalidad de evaluar la situación actual del Código Penal, que fue aprobado en 2017 y que entró en vigencia en plena pandemia de la COVID 19, el 25 de junio del 2020.
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