Jueces destituidos durante el golpe de Estado de 2009 reintegrados a sus cargos en el Poder Judicial

…En  el  presente  caso,  las  cuatro  presuntas  víctimas,  tres  jueces  y  una  magistrada  de  la República   de   Honduras,   se   manifestaron   en   contra   del   golpe   de   Estado   y   a   favor   del   restablecimiento de la democracia y el Estado de Derecho, ya sea mediante su participación en una manifestación,  por  vía  de  la  interposición  de  acciones  judiciales  o  denuncias: CorteIDH.

Por Wendy Funes

Tegucigalpa, Honduras (AJD). La magistrada de apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Tirza Flores Lanza, y el juez de sentencia de esta misma ciudad, Guillermo López Lone, fueron finalmente reintegrados este día, a sus cargos en la Corte Suprema de Justicia. Hace nueve años eran destituidos en condiciones arbirtrarias por su rol en defensa de la democracia y este día se ha cumplido la sentencia judicial del sistema interamericano.

El histórico reintegro ocurrió la mañana de este 19 de octubre, en esta ciudad del norte de Honduras. López Lone –también director ejecutivo de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)- fue juramentado nuevamente en su cargo en el sistema judicial.

Este acto fortalece la independencia judicial pues forma parte de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que condenó al Estado de Honduras porque la destitución fue arbitraria y se dio como represalia a los roles de los jueces en la defensa de la democracia en el marco del Golpe de Estado que enfrentó el país en el 2009.

En la sentencia además se evidencian las acciones de parcialidad del Poder Judicial durante 2009.

El reintegro ocurre  después de 9 años de lucha ante la Corte Suprema de Justicia de Honduras.

Citas de la Sentencia de la CorteIDH

Este caso se originó porque el  28  de  junio de 2009 hubo un golpe de Estado en Honduras, el primero ocurrido en América Latina en el siglo XXI, según historiadores nacionales y de acuerdo con diversos informes de la OEA.

Los  días  siguientes  se  realizaron  diversas  manifestaciones  públicas,  las  cuales  fueron  “violentamente  reprimidas”.  Asimismo,  se  detuvieron  “a  miles  de  personas,  incluid[os  …]  niños», dice la sentencia.

Agrega, “diversos   organismos   internacionales,   incluyendo   la   Asamblea   General   y    el   Consejo  Permanente  de  la  OEA  y  la  Asamblea  General  de  la  ONU,  condenaron  lo  sucedido  y  lo  calificaron como un golpe de Estado.La  Corte  Suprema  de  Justicia  adoptó  una  posición  que  contrastaba  abiertamente  con  las conclusiones de la OEA respecto a los hechos relativos al golpe de Estado. El 28 de junio de 2009”.

…Por  otra  parte,  consta  en  el  expediente  que  por  medio  de  una  circular  interna,  la  Jefa  de  Personal del Poder Judicial, “[a]tendiendo instrucciones [s]uperiores […] invitó a los Funcionarios y Empleados del Poder Judicial a participar en la “Marcha por la Paz en Honduras”, a realizarse el 30 de junio de 2009, en apoyo al nuevo gobierno..

“Todas  las  presuntas  víctimas  de  este  caso  eran  miembros  de  la  AJD.  Dicha  asociación  fue fundada el 12 de agosto de 2006.  De acuerdo con sus estatutos,  su  objetivo  fundamental  es  “la  defensa,  promoción  y  fortalecimiento  del  Estado  de  Derecho,  específicamente  del área de justicia; así  como  de  la  independencia  y  el  respeto  al  estamento  judicial  hondureño”.  Solo  pueden  ser  miembros de la asociación jueces, juezas y magistrados que se encuentren en servicio activo”.

«Frente a los sucesos de junio de 2009, la AJD emitió un comunicado el 28 de julio de 2009 señalando  su  “profunda  preocupación  [por]  la  situación  de  ilegalidad  y  de  resquebrajamiento  de  todas las instituciones”. Asimismo, indicó que “espera [ba] del Poder Judicial, y en particular de la Corte  Suprema  de  Justicia,  que  cumpl[iera]  con  la  función  de  garantía  de  los  derechos  fundamentales  y  de  límite  de  otros  poderes  del  Estado,  realizando  un  ejercicio  jurisdiccional  que  permita  junto  a  otros  actores  el  retorno  del  orden  constitucional».

En  comunicados  posteriores,  condenaron  “la  detención  ilegal  y  vejámenes  sufridos”  por  Luis  Alonso  Chévez  de  la  Rocha, presunta víctima del caso, así como los procesos disciplinarios en contra de las presuntas víctimas y otros funcionarios judiciales.

“Consta en  los  casos  de  las  presuntas  víctimas  que la  Corte  Suprema  de  Justicia removió a los jueces y magistrados, previa propuesta de la Dirección de Administración de Personal». La Corte resalta que los hechos del presente caso sucedieron en el marco de una grave crisis democrática y ruptura del Estado de Derecho, en virtud de  la  cual  fue  “convocada  urgentemente  [la  Asamblea  General  de  la  OEA]  por  el  Consejo  Permanente,  de  conformidad  con  el  artículo  20  de  la  Carta  Democrática  Interamericana.

…En  el  presente  caso,  las  cuatro  presuntas  víctimas,  tres  jueces  y  una  magistrada  de  la República   de   Honduras,   se   manifestaron   en   contra   del   golpe   de   Estado   y   a   favor   del   restablecimiento de la democracia y el Estado de Derecho, ya sea mediante su participación en una manifestación,  por  vía  de  la  interposición  de  acciones  judiciales  o  denuncias,  a  través  de  una  opinión manifestada en el marco de una conferencia universitaria o en conversaciones con colegas.  Además,  dichas  personas  se  expresaron  a  través  de  la  AJD,  de  la  cual  todos  eran  miembros,  en  tanto  esta  organización emitió comunicados reclamando la necesidad de restitución del Estado de Derecho, cita la sentencia.

 

 

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