Fiebre por caudal natural, criminalización, muerte y la Ley de Consulta Previa ½

Tegucigalpa, Honduras (Asociación de Jueces por la Democracia). Este 20 de agosto se cumplen tres años desde la discusión que se generó para aprobar la instalación de la Planta Hidroeléctrica Corral de Piedras, en el Municipio de Marcala, Departamento de La Paz.

La ley fue discutida con dispensa de debates, sin demostrar la urgencia calificada, establecida en la Constitución de la República como norma para dispensar debates.

Según el decreto del Congreso Nacional, la represa es de la Empresa Energía de Occidente s.a. (Enerco).

En la sesión de aquel 20 de agosto de 2015, que consta en el acta legislativa No. 20, el diputado David Armando Reyes Osorto expresó:

“Acabo de hacer las investigaciones y me dicen que el proyecto está ubicado exactamente en la salida de Márcala a La Paz y tengo entendido que esa es una comunidad. El Estado quiere establecer se tiene que hacer una consulta a la comunidad, en este caso la comunidad Lenca, antes de tomar cualquier decisión nosotros acá debemos saber si se cumplió con este requisito, con la consulta de estos pueblos que siempre han sido explotados y se ha pasado por encima de los convenios y por encima de los intereses de ellos. Otro requisito de este Convenio según el Convenio 169 del Artículo 2 y 3 dice que esta consulta tiene ser libre, tiene que ser previa y tiene que ser informada (…) también dice el Artículo 18 de la Constitución de la República que en caso de conflicto entre el tratado y la convención y la Ley prevalecerá el primero, es decir prevalecerá el Convenio 169 de la OIT, entonces nosotros no nos estamos oponiendo, sin embargo queremos saber primero si se desarrolló esta consulta a la comunidad”.

En la misma sesión legislativa, el diputado Antonio César Rivera Callejas replicó:
_“En el expediente establece todos los requisitos previo a la firma del Contrato (…) yo tengo entendido que se escuchó la comunidad, si no, no lo hubiese firmado el Gerente de la Empresa de Energía Eléctrica (ENEE), no lo hubiese enviado al Poder Legislativo, yo tengo entendido en mi entender que así fue, no conozco un proyecto hidroeléctrico que se haya desarrollado contra la voluntad de la comunidad, no lo conozco, cuando la comunidad se opone no se hace, no se desarrolla”.

Cuando le dieron la palabra, el diputado Abel Benítez intervino y dijo:
“No es cierto que le han consultado al pueblo y al Municipio de Márcala en especial en la Aldea de Corral de Piedras, el Departamento de la Paz no tiene ríos para producir energía, el Departamento de la Paz es un departamento seco con la deforestación de las montañas y con la construcción de cinco represas en el Departamento de la Paz los municipios del Sur del departamento de la Paz este año quedaron en seco, perdieron su producción. El Municipio de Márcala, el Municipio de la Paz, el Municipio de Santiago de Puringla, el Municipio de San José, el Municipio de Chinacla hoy claman por ese líquido vital como es el agua, nosotros no estamos de acuerdo que hayan represas hidroeléctricas en el Departamento de La Paz porque no son ríos abundantes, son pequeños riachuelos que hay ahí y que como hay que generar riqueza para determinadas personas hay que hacerlo aunque el pueblo de la Paz tenga que morirse de la sed, yo por lo menos como representante del pueblo de este Departamento de la Paz no estamos de acuerdo en que se hagan represas en este Departamento por el gran problema que tenemos de ese líquido vital que tanto lo necesitamos y que tanto lo necesita el pueblo”._

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Muerte

Unos meses después el Movimiento Indígena Lenca de La Paz (MILPAH) denunciaría que más de cinco represas hidroeléctricas, instaladas en los 2331 kilómetros cuadrados de La Paz, fueron aprobadas sin consulta previa a las comunidades indígenas y que eso ha llevado criminalización, persecución y muerte contra el pueblo indígena.

La denuncia pareció confirmarse unos meses más tarde ya que solo un año después de la aprobación de esta nueva represa, la defensora Lesbia Yaneth Urquía (49 años) fue asesinada. La mataron el 06 de Julio del 2016 con características criminales, calificadas por el movimiento indígena de Honduras como un feminicidio o crimen de Estado por razones de género.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) emitió una comunicado para evidenciar “que era una destacada lideresa comunitaria vinculada al COPINH desde las protestas en contra del golpe de Estado del año 2009 y activa militante en la defensa de los bienes comunes de la naturaleza y los derechos indígenas en contra de la construcción de la represa hidroeléctrica Aurora I del municipio de San José, La Paz en la cual tiene vinculación directa la presidenta del Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López. Lesbia Yaneth fue una ferviente defensora de los derechos de las comunidades y opositora del concesionamiento y privatización de los ríos en el departamento de La Paz”.

“El asesinato de la Lesbia Yaneth se da suspicazmente en el marco de un proceso de “consulta” llevado a cabo por el gobierno de Honduras acerca de la aprobación del proyecto de ley de reglamentación del mecanismo de la Consulta Previa, Libre e informada a la que tenemos derecho las comunidades indígenas amparadas en la legitimidad de nuestra historia y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), estas reuniones en las que el gobierno pretende impulsar su propuesta de ley se llevaron a cabo en el municipio de Marcala los días 4 y 5”.

Su asesinato ocurrió 4 meses y 4 días después de la muerte violenta de Berta Cáceres.

Para la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) el crimen contra Cáceres está relacionado con la Ley de Consulta Previa. El 3 de marzo de 2018, en el segundo aniversario de su muerte, OFRANEH publicó el artículo Berta Cáceres: un crimen de estado relacionado con la consulta previa.

“El arresto del ex militar David Castillo Mejía, presidente de la empresa Desarrollo Energéticos S.A (DESA) cuando se aprestaba a salir del país, casualmente dos años después del asesinato de Berta Caceres, demuestra lo que ya se conocía desde hace meses, sin embargo el Ministerio Público hizo una vez más alarde de su incapacidad en el retardo de la aplicación de justicia (…)”.

“Berta, como defensora de los derechos territoriales y culturales del pueblo Lenca, encaminó una campaña para la defensa de las cuencas hidrográficas del país, iniciando una ofensiva jurídica en pos de la defensa del derecho a la consulta previa, la que no ha sido incorporada en las leyes nacionales, pero que el estado desde 1995 debe haberse apegado, al ser uno de los países que ratificó el Convenio 169 de la OIT”.

“Desde el año 2009 en Honduras se agudizaron las intervenciones en los territorios de los pueblos indígenas en nombre de un supuesto desarrollo que ha sido caracterizado por una actitud autocrática del partido del actual gobierno, el que permitió un desaforado incremento de la violencia, acompañado de la apropiación del aparato económico por parte del del crimen organizado. Vastas zonas del país pasaron a manos de los carteles de la drogas, los que no vacilaron en utilizar los proyectos de “energía limpia” para el lavado de activo”.

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