martes, 13 de noviembre de 2018
Tomado de Radio Progreso
En Honduras existe un déficit intolerable de justicia y de combate a la impunidad en casos de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y del ambiente; por ello es que la Organización de las Naciones Unidas ha incluido a Honduras en una lista de 29 países que castigan a las personas defensoras y Global Witness lo considera el país per cápita más peligroso del mundo para ellas.
El Ministerio Público juega un papel esencial en garantizar el derecho a la verdad como instrumento para acabar con la impunidad y proteger los derechos humanos y a quienes los defienden; sin embargo, en términos generales su papel se ha caracterizado por ser ineficiente para perseguir a corruptos y violadores a derechos, pero eficiente para criminalizar a quienes son catalogados como oposición política y social.
Como lo constató recientemente la CIDH, la falta de independencia e imparcialidad del Ministerio Público y del Poder Judicial ha contribuido a que se configure una situación de impunidad estructural, que se refleja en la existencia de una “justicia selectiva” que, por un lado, actúa tardíamente en relación con violaciones a derechos humanos, pero, por otra, favorece los intereses de diversos actores vinculados al poder público.
Por ello, el derecho a la verdad sigue siendo una tarea pendiente del sistema de justicia, no solo porque las víctimas y sus familiares necesitan saber lo que pasó, sino también porque la sociedad tiene el derecho de conocer los niveles de participación de las personas responsables que puedan estar relacionadas con las altas esferas del poder político y económico del país, o que forman parte de las altas estructuras del Estado.
En ese sentido, la negligencia y poca seriedad en la investigación de los hechos que conduzca a la sanción de todas las personas responsables, tanto materiales como intelectuales, de las transgresiones a derechos humanos, demuestran la tolerancia del Estado frente a las mismas y fomentan la impunidad de quienes se creen con el poder sobre la vida de las personas que piensan distinto.
Los casos de Blanca Jeannette Kawas, Carlos Antonio Luna, Carlos Escaleras Mejía, Margarita Murillo y Berta Cáceres, entre otros, son el reflejo de esa impunidad estructural que como un cáncer tiene desahuciado al Estado de derecho y su sistema de justicia, y que como ciudadanía debemos articular los diversos esfuerzos para erradicarlo y construir una nación inclusiva y democrático.
Fuente: http://wp.radioprogresohn.net/el-cancer-de-la-impunidad-13-de-noviembre-2018/
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