Corte Suprema un obstáculo en la lucha contra la corrupción: favoreció a más de 100 funcionarios

Tegucigalpa, Honduras (AJD). En menos de tres meses, entre junio y septiembre de 2018, más de 100 funcionarios y ex funcionarios, acusados por corrupción, fueron beneficiados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La CSJ se ha convertido en un obstáculo para la lucha contra la corrupción al haber revertido lo actuado por las juezas y jueces de instancias inferiores y por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC).

Los magistradas/os que han actuado como jueces naturales fallaron a favor de acusados por corrupción pública, con medidas sustitutivas de prisión, pese a la gravedad de los ilícitos imputados.

En el monitoreo realizado por la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) figuran el Caso Pandora que contiene 38 acusaciones, la Red de Diputados que incluía de 60 a más de 100 diputados investigados, la discusión de inconstitucionalidad de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH-UFECIC).

Además, la más reciente resolución que favorece al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Alberto Rivera Avilés y a cinco ex miembros del Consejo de la Judicatura y la decisión de la Sala Constitucional de respaldar la petición del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, para ser informado sobre las investigaciones de su caso.
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Caso ex concejales*
Las decisiones judiciales más recientes de la Corte Suprema de Justicia se han tomado por mayoría de votos, una en el pleno de la Corte Suprema de Justicia, según lo confirmó el Poder Judicial por medio de su página de Twitter.

El Poder Judicial informó que el “Pleno de Magistrados de #CSJ por mayoría de votos se pronuncia a favor de suspender el acto reclamado (la prisión preventiva) en el Recurso de Amparo interpuesto por las defensas técnicas de los exmiembros del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial”.
Eso quiere decir, que pese al tipo de actos de corrupción que se les imputa los ex altos funcionarios serán escuchados en libertad, mientras una de las juezas de sentencia presionada por el concejal, Teodoro Bonilla, sigue en prisión sin sentencia firme.

En otro Twitter, el Poder Judicial advierte que los ex miembros del Consejo de la Judicatura deberán presentarse a Audiencia Preliminar el próximo lunes (17 de septiembre) en el Juzgado de Letras Penal en Materia de Corrupción en la continuación del proceso incoado en su contra, a las 9:00 de la mañana. En la audiencia preliminar, les informarán si les entregan una carta de libertad o si la causa es elevada a juicio oral y público.
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Caso Mauricio Oliva*
También, en las últimas horas, el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte informó que la Sala de lo Constitucional admitió este jueves el recurso de amparo administrativo a favor del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.

El recurso de amparo administrativo fue interpuesto por la ex fiscal Karla Patricia García Arita, ahora defensora de un funcionario investigado por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH).

Esta acción de amparo se promovió contra la resolución dictada por la Fiscalía General de la República, en fecha 23 de mayo de 2018, que negó a Oliva información para conocer por qué lo investigan desde la UFECIC.

El portavoz de la CSJ, el abogado Melvin Duarte, detalló que la resolución “manda a que se suspenda la investigación mientras tanto no se le informe al ciudadano Mauricio Oliva cuál es el contenido de esa tarea investigativa”, informó diario La Tribuna.

“Esos son los alcances en los que el pleno se ha pronunciado en relación a esta medida que ha sido solicitada en el recurso de amparo y lo cual está fundamentado en el artículo 59, 60 y 61 de la Ley de Justicia Constitucional”. “Duarte indicó que también está fundamentado “en el artículo 82 del Pacto de San José, que la Declaración de los Derechos Humanos. Asimismo, el artículo 82 de la Constitución de la República y el artículo 101 del Código Procesal Penal”.

Según el periódico Hondudiario.com, la admisión se hizo con suspensión provisional del acto reclamado y fue por mayoría de votos, ya que discrepó la magistrada Reina Auxiliadora Hércules y Jorge Ovidio Serrano. “Al no lograrse la unanimidad de votos, este caso pasa al pleno de magistrados de la CSJ, donde se tomará dicha resolución”.

Caso Pandora
Respecto al Caso Pandora, la Asociación de Jueces por la Democracia expresó en días pasados que el Caso Pandora constituye una acción que pone a prueba al Poder Judicial.

Solo en este caso fueron interpuestos 38 requerimientos fiscales por los supuestos delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos en perjuicio de la administración pública, de la fe pública y la economía del Estado.

“Parte de estos requerimientos deberán ser conocidos por magistrados(as) de la Corte Suprema de Justicia, en su condición de juez natural, respecto a las acusaciones en contra de algunos diputados que están involucrados en estos hechos según el Ministerio Publico y la MACCIH. Y los requerimientos fiscales contra otras personas (que no gozan de este fuero especial) seguramente se sustanciaran en los tribunales en materia de corrupción.

Independientemente de quien sea el juez natural que conozca y resuelva sobre estos requerimientos, no hay duda que los tribunales de justicia involucrados tienen un desafío respecto a estos casos, y es el de resolver de manera congruente e independiente, rechazando las injerencias o perturbaciones que los grupos políticos puedan desplegar en estos casos para conseguir resoluciones en clave de impunidad”, advirtió AJD en junio de 2018.

Asimismo, la Coalición contra la Impunidad emitió un comunicado para demandar “que se aplique la justicia, se castigue a los corruptos y que caiga sobre ellos(as) todo el peso de la ley”.

En el mismo comunicado, la Coalición evidenció que la CSJ dejó espacios de tiempo “para que los acusados(as) puedan evadir la justicia, especialmente para facilitar el ocultamiento o la fuga de parte de los imputados(as) en este caso”.

“Demandamos que la jueza natural, Lidia Álvarez Sagastume, actué apegada al principio de legalidad y transparencia, tomando distancia del comportamiento histórico del Poder Judicial de modificar los delitos, emitir sobreseimientos y dictar cartas de libertad en todos los procesos judiciales que involucra a miembros de la élite política y económica”, indicó la Coalición contra la Impunidad.

En julio, los implicados en el Caso Pandora estuvieron unas horas con detención judicial, luego recibieron medidas sustitutivas para ser enjuiciados en libertad.
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Red de diputados y recurso de inconstitucionalidad*
La Coalición contra la Impunidad denunció en junio de 2018 que desde que la MACCIH-UFECIC comenzó a investigar y judicializar algunos casos de corrupción como los de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, la “Red de Diputados” y el “Pacto de Impunidad”, los ataques de la clase política corrupta no se hicieron esperar y se materializaron con la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el convenio que le da la vida a la MACCIH.

Sorprendentemente la Sala de lo Constitucional admitió ese recurso y la semana pasada resolvió que dicho convenio no es violatorio a la Constitución de la República.

“Aunque tal resolución parece una victoria que legitima a la MACCIH, la Sala de lo Constitucional incluyó una serie de considerandos que ponen en entredicho la legalidad de la UFECIC y que peligrosamente la coloca en una situación de riesgo, ya que, como lo señala el Dr. Edmundo Orellana, ex Fiscal General del Estado, con esta sentencia la Sala decidió desmantelar la estructura institucional que ha permitido que se den pequeños avances en la lucha contra la corrupción en el país bajo el dudoso e incongruente argumento de que la creación de la UFECIC violenta la independencia del Ministerio Público”.

“Desde la Coalición contra la Impunidad denunciamos la utilización de la Sala de lo Constitucional por parte de la clase política corrupta para debilitar a la MACCIH mediante el desmantelamiento de la UFECIC, lo cual evidencia la falta de independencia del Poder Judicial y su papel cómplice en el sostenimiento de la impunidad en Honduras”.

La MACCIH se instaló en el país en vista de que el 19 de enero de 2016, el Estado de Honduras firmó un convenio con la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, a través del cual se creó la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que tiene dentro de sus objetivos apoyar, fortalecer y colaborar activamente con las instituciones nacionales encargadas de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción, así como contribuir a mejorar la coordinación entre las distintas instituciones del Estado que trabajan en esta materia.

En el marco del Mecanismo Interinstitucional de Cooperación Bilateral entre el Ministerio Público y la MACCIH suscrito el 18 de enero de 2017, el primero creó la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), integrada por fiscales seleccionados por la MACCIH en consenso con la Fiscalía General.

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