COMUNICADO

Desde la Asociación de Jueces por la Democracia (A.J.D), EXIGIMOS transparencia y rendición de cuentas en la ejecución de los protocolos de adquisición de medicamentos, enseres e insumos de bioseguridad para toda la población y especialmente el equipamiento al sector de salud pública.

  1. La AJD, promueve la necesidad urgente de vigilar con especial atención, que desde el gobierno de La República y todo el sector público involucrado directa o indirectamente en el manejo de los fondos públicos destinados para aminorar los riesgos y la atención oportuna de aquellas personas con sospecha de contagio y/o contagiadas de COVID-19. La transparencia y rendición de cuentas en la ejecución de los protocolos de adquisición de medicamentos, enseres e insumos de bioseguridad para toda la población y especialmente el equipamiento al sector de salud pública. La contratación de personal de salud e higiene, la entrega de alimentos a la población que lo requiera en estricto apego a principios de equidad y necesidad, sin distingos de afiliación política y, para lo cual el involucramiento sin ningún tipo de exclusión de la sociedad civil organizada, sector empresarial, sectores de oposición política, colegios profesionales y otros; como veedores es imprescindible para garantizar principios democráticos y transparencia en el uso adecuado y correcto de los fondos públicos, de la misma forma que se garantice el derecho a la información veraz a través de los medios de comunicación masivos sin tergiversar el hecho noticioso de la evolución del Coronavirus en nuestro país.
  2. Como sociedad estamos enfrentando un desafío enorme de supervivencia y es el momento que desde nuestro interior cada hondureño contribuya a rescatar valores humanos que nos fortalezcan como individuos y como parte del colectivo humano, es momento que las críticas sean constructivas y visualicemos el país que queremos heredar para nuestros seres queridos, que ese desafío compruebe la fortaleza y la bondad que siempre nos ha caracterizado como hondureños para salir adelante en las diferentes crisis que hemos enfrentado, que las distintas opiniones no nos dividan, sino, que aprendamos a ser tolerantes y escucharnos y defender y respetar el derecho ajeno, en la misma proporción, que queramos que se respeten nuestros derechos y opiniones. No es momento de descalificar, ofender o discriminar, sino que la unidad como pueblo sea el inicio de un nuevo comienzo al final del camino. Y que la debilidad de algunos se convierta en la fortaleza de muchos para denunciar cualquier acto de corrupción que desde el poder se pretenda promover en una situación tan caótica como la que estamos viviendo.
  3. Razonablemente, estamos ante una crisis sanitaria, que resultaba impensable hace algunos meses, y por la posición de país que tenemos en comparación a otras potencias mundiales, no podemos desconocer que enfrentamos una de las peores crisis sanitarias por el nivel de contagio y propagación de este virus, que en muchos casos es letal. Entendemos, que se agudiza más la problemática para todos aquellos sectores vulnerables de la población que por su condición de raza, sexo, edad, salud y estrato social, entre otros, históricamente han sido víctimas de violación a sus derechos humanos, así como aquellos privados de libertad que por su edad y/o padecimiento de una enfermedad precedente, coloque su salud en mayor riesgo por las condiciones de hacinamiento en los recintos penitenciarios del país.
  4. Nuestra Constitución de La República declara que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado y que todos estamos en la obligación de respetarla y protegerla, y que la dignidad del ser humano es inviolable; en tiempos como estos, esperamos que esta proclamación no sea un simple enunciado, sino que sea el estandarte de los tres Poderes del Estado y de la población en general, para contribuir con sus acciones al respeto y protección de los derechos humanos de los más desprotegidos, de los que no tienen voz, bajo el entendido que este virus no discrimina nadie y que en la medida que comprendamos nuestra co-responsabilidad con aquellas acciones que se instruyan desde el gobierno en consenso con los demás sectores sociales y económicos y políticos del país, a fin de aminorar la propagación del COVID-19, en esa misma medida, estaremos contribuyendo a la protección de la seguridad personal y familiar. Enfatizamos que si bien, estamos en una situación de emergencia y que las medidas adoptadas por el Estado deben ir encaminadas a enfrentar la pandemia flexibilizando la burocracia en la adquisición de insumos, esto de ninguna manera debe significar una licencia para la violación de derechos fundamentales con la suspensión de garantías constitucionales, ni violentar la ley en los procedimientos de adquisición de bienes y servicios, ya que ningún acto de corrupción y violación a derechos humanos en ese contexto estaría amparado o legitimado, ni debe quedar en la impunidad; es por ello que el Ministerio Público debe cumplir fielmente su rol de proteger los intereses de la sociedad.
  5. A nuestros agremiados, compañeros del Poder Judicial, usuarios del sistema de justicia, y ciudadanía en general, reiteramos que desde la AJD, siempre estaremos atentos a respaldar cualquier denuncia de falta de insumos de bioseguridad que atente contra el resguardo de su
    salud y su vida en las labores diarias. Los Jueces y Juezas de Paz, Jueces y Juezas de Letras en materia Penal, Juzgados Especiales de Violencia Domestica y de Niñez y Adolescencia, Jueces y Juezas de Ejecución, Jueces y Juezas de Tribunales de Sentencia, Magistrados y Magistradas de Cortes de Apelaciones y Magistrados y Magistrados de La Corte Suprema de Justicia y personal auxiliar, en casos urgentes que comprometen la libertad personal y la integridad física, han acudido a los despachos judiciales, asumiendo un grave riesgo de contagio para ellos y sus familiares, por tal razón desde la AJD, admiramos y aplaudimos su entrega y compromiso en garantizar el acceso a la justicia en las circunstancias especiales que hoy nos ocupan, a aquellos ciudadanos que por su condición son mayormente vulnerables.
  6. Es de hacer mención que en el caso particular de denuncias de Violencia Doméstica la imposición de medidas de seguridad pueden ser aplicables incluso por la Policía Nacional y Fiscalía en casos urgentes, sin perjuicio, que en casos de captura del presunto agresor sea llevado ante juez competente a fin de garantizar un debido proceso en igualdad de derechos tanto del denunciante como del denunciado, para tal efecto y por el toque de queda existente, según el rol de turnos los juzgados en los casos especiales de violencia doméstica, y niñez y adolescencia debe garantizarse gradualmente el acceso a la justicia de este sector vulnerable. Por tal razón, estaremos atentos de sus denuncias, en aquellos casos que en determinados, municipios, aldeas o caseríos no se proporcione condiciones mínimas de seguridad tanto para los Jueces y Juezas Paz, como para los usuarios que acuden a presentar sus denuncias.
  7. El Derecho a la vida es inviolable y el Estado está en la obligación de garantizar ese derecho a cada ciudadano, no obstante este derecho es corolario de otros derechos como es el derecho a la familia, salud, trabajo, la libertad, seguridad social, igualdad, acceso a la justicia, entre otros, por lo tanto, la proclamación del derecho a la vida, esta entrañablemente unido a la declaración, promoción, respecto y protección de otros derechos universales; por tal razón, si se altera alguno de estos derechos, existirá un desequilibrio en la paz y seguridad social que debe garantizarse a cada ciudadano por parte del Estado. Esa sinergia, nos obliga a interpretar en cada caso, bajo el principio de “pro-homine”, “pro- persona”, en ese sentido, y en la emergencia que hoy nos ocupa, es nuestro deber como parte del Poder Judicial garantizar el acceso a la justicia a la ciudadanía en condiciones de mayor vulnerabilidad y ser garantes del debido proceso y de la inviolabilidad de derechos humanos.
  8. Requerimos que la Corte Suprema de Justicia, adopte todas aquellas medidas con las cuales efectivamente se garanticen por una parte el acceso a la justicia en forma gradual, proporcional, y en aplicación a criterios de necesidad, razonabilidad e idoneidad, en la misma proporción que se procure el resguardo de la vida y la seguridad del funcionario, empleado judicial y todo el personal que ejerza labores de aseo y vigilancia en el poder Judicial en este momento crítico. Un llamado a la unidad y fortaleza de todos los que conforman el Poder Judicial y a todos los operadores del sector justicia (Policía Nacional, Ministerio Público, Fuerzas Armadas, Policía Militar y del Orden Público y demás fuerzas seguridad pública del Estado, y que la autoridad de la cual estamos investidos sea utilizada sin actos arbitrarios, de forma objetiva e independiente en apego irrestricto al cumplimento de la ley y al respeto y protección de los derechos humanos de cada ciudadano, que acuda a solicitar la aplicación de la ley.

San Pedro Sula, 14 de Abril de 2020.

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
ASOCIACIÓN DE JUECES POR LA DEMOCRACIA

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