Comunicado Bioseguridad

La Asociación de Jueces/as por la Democracia (AJD),  ante la prolongación del estado de emergencia decretada desde el dieciséis de marzo del presente año,  por la presencia del Coronavirus 19, en todo el territorio nacional, estima necesario pronunciarse, porque se ha generado una crisis sanitaria, aun de consecuencias insospechadas y cuyo combate requiere, se mantengan las medidas de bioseguridad por tiempo indefinido,  que el Poder Judicial pueda cumplir con eficiencia y efectividad el acceso a la justicia para toda la ciudadanía que garantice a su vez, el derecho de todos los usuarios del sistema de justicia, funcionarios y empleados judiciales y personal limpieza cuenten con todos los estándares de seguridad, protección y salud.

Que dichos estándares  se han   fijado en la Ley de Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y  por la Presidencia de este poder del Estado a través de los diferentes acuerdos emitidos desde esa fecha, principalmente los acuerdos encaminados al proceso de reincorporación gradual y responsable de labores presenciales en el Poder Judicial.- En  ese sentido estimamos necesario hacer saber al Señor Presidente del Poder Judicial, a la Corte Suprema de Justicia en pleno, a las autoridades administrativas, a los/as Jueces/as de las distintas instancias y a nuestros afiliados/as, a la ciudadanía en general lo siguiente:

I.- El Juez Ricardo Pérez M, de la Corte I de DDHH en distintas intervenciones con motivo de la Pandemia Covid-19, ha dicho “Que en el Estado de Derecho ni los derechos humanos se suspenden porque son esenciales a la vida de la persona, ni los controles judiciales jamás pueden ser suprimidos”. De lo último entendemos que dentro de esta crisis el Poder Judicial de Honduras, tiene que seguir funcionando en términos de eficiencia para cumplir con el rol que le corresponde, por lo cual le obliga a generar condiciones tanto para los/as servidores públicos como para los/as usuarios que faciliten un mejor servicio a la ciudadanía, que viene de un largo periodo de inaccesibilidad al sistema completo de justicia.

II.- El asumir esa responsabilidad para la administración del Poder Judicial, significa replantearse su política presupuestaria, a partir de modificaciones, al Plan Estratégico del Poder Judicial para el periodo 2017-2021, el plan estratégico dentro de sus cuatro ejes temáticos tienen dos que consideramos para este momento histórico, es fundamental darles todo el desarrollo necesario, enfilando el presupuesto hacia ellos, que son: 1. El eje temático de uso de nuevas tecnologías, que  si bien en algunas regiones se ha iniciado con la dotación de equipo, sin embargo se debe fortalecer y garantizar un completo acceso a internet, al entrenamiento de nuevas formas de comunicación virtual en una forma horizontal,  para que se eficiente el servicio de la judicatura sin distingos de edad, condiciones especiales, etc.

2.- El otro eje temático es una gestión judicial eficaz,  para lo cual ya han planteado compañeros/as Jueces/as en forma aislada a la administración, la necesidad de implementar medidas de distanciamiento y de seguridad sanitaria como lo es la instalación  de paredes plásticas en las salas de juicio, en los despachos donde se realizan audiencias públicas, en las oficinas que impliquen atención al público o donde se compartan espacios varios empleados o funcionarios, que como ejemplo les adjuntamos  fotografías para ilustración, que ya son de uso de otros poderes judiciales de Centroamérica y cuyo costo  no es oneroso en relación a otros implementos que se pueden considerar y que si requieren una constante renovación.- También la adquisición de aparatos purificadores  de aire acondicionado que aseguren que se están higienizando los ambientes donde se labora.

3.-Dentro de este eje temático es necesario que se considere, que la labor tanto del ámbito administrativo como el judicial, ya no puede seguirse desempeñándome bajo los mismos patrones que antes de la pandemia, debe mantenerse una flexibilización en los espacios a ocupar, en los horarios de ingreso y de salida, en el desplazamiento en las instalaciones, de la ciudadanía como de los/as servidores públicos, para lo cual elaborar un protocolo, que debe ser publicitado.

III.– Por todo lo anterior desde la Asociación de Jueces/as por la Democracia (AJD), requerimos lo siguiente:

1. Garantizar el acceso a la justicia sin excepciones de ninguna naturaleza, para ello se requiere una inmediata reestructuración de las instalaciones físicas del Poder Judicial en los diferentes espacios que lo requieran para el buen funcionamiento del servicio de justicia, en condiciones mínimas de riesgo de salud para todos los usuarios, funcionarios y empleados públicos que laboran en el Poder Judicial.

2. Dotar al Poder Judicial de una plataforma virtual, que permita el trabajo telemático ininterrumpido en aquellos casos que lo amerite, por lo tanto, la universalidad de internet para una eficiente labor jurisdiccional en brindar la respuesta de requerida por los usuarios del sistema de justicia, en cumplimiento de plazos razonables, es un requisito indispensable.

3. Promover la inclusión de las asociaciones existentes en el Poder Judicial en las contrataciones de seguros médico y las condiciones o regulaciones que con estas se acuerdan, especialmente las derivadas de las consecuencias del contagio del Covid-19;  a fin de contratar aquella póliza de seguro que ofrezca mejoras personalizadas, sin propiciar la discriminación por condiciones de sexo, edad, género,  u orientación sexual, etc, con amplias coberturas de protección a la salud  que garanticen el derecho a la salud de los funcionarios y empleados judiciales.

4. La contratación urgente de personal judicial que cubra interinamente en aquellos casos donde la situación prevista del Covid-19, impide al personal judicial con condiciones de salud de enfermedades preexistentes, prestar activamente su servicio a la justicia por tiempo indeterminado, a fin de que las labores jurisdiccionales no permanezcan inactivas y se agudice el cumplimiento de plazos razonables en las causas pendientes de resolución.

5. El abastecimiento y dotamiento de insumos de bioseguridad en condiciones igualitarias, sin distinciones de ninguna naturaleza a todo el personal que labora en el poder judicial. 6.- Seguimiento Institucional de la unidad a los casos de los compañeros y compañeras de trabajo contagiados por el virus Covid-19, para garantizar un manejo respetuoso de sus derechos laborales, en especial para aquellos que por la modalidad de su contrato de trabajo no tienen acceso a los servicios de salud del IHSS.  

San Pedro Sula, 24 de septiembre del 2020

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

ASOCIACIÓN DE JUECES POR LA DEMOCRACIA

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