Coalición Contra la Impunidad realiza informe sobre situación de derechos humanos

En el marco del Examen Periódico Universal (EPU) realizado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Coalición Contra la Impunidad integrada por la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) realizó un informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras.

El EPU es un mecanismo revisado cada 4 o 5 años y este será su tercer ciclo de existencia, sin embargo el informe de la Coalición no solo se centra en el último ciclo sino que también señala los asuntos relevantes desde la última evaluación del EPU y realiza recomendaciones sobre el primer y segundo ciclo del EPU divididas por categoría de derechos y grupos de población.

“Consideramos que en el EPU realizado en 2015 y con el que se va a realizar en 2020 no hemos tenido avances sino más bien retrocesos, el Estado lo que ha hecho es maquillar esa información creando instituciones que no tienen ningún tipo de posicionamiento en la realidad” señaló Martha Dubón, subcoordinadora de la AJD.

El informe se centra en la situación del Estado de derecho, de las mujeres, de la tierra y territorio, de los defensores y las defensoras de derechos humanos, de la libertad de expresión y finaliza con los derechos económicos, sociales y culturales.

Dubón añadió que, aunque quisieron abarcar más temas para recomendaciones, esos son el énfasis para entender la situación del Estado de derecho en el país “es el punto de quiebre que nos tiene estancados, el quebrantamiento de la institucionalidad que se ha visto envuelto en narcotráfico y porque en la práctica somos un estado de dictadura, aunque informes internacionales nos dictaminen que estamos camino a ese estado” agregó.

Las recomendaciones del informe hablan sobre la liberación de los presos políticos después de la crisis post electoral en 2017, solicita abrogar el nuevo Código Penal que entrará en vigencia en noviembre de no ampliar el vacatio legis y que penaliza la protesta social, el aborto, la libertad de expresión y los delitos contra el honor. A la vez señala la urgencia de aprobar una nueva Ley de la Judicatura debido a que actualmente todas las potestades recaen en el presidente de la Corte Suprema de Justicia.

También señalan una preocupación en cuando a los niveles de pobreza en Honduras que van en aumento debido a los altos costos de los servicios básicos y a no tener acceso a un empleo en consecuencia de legislaciones que promueven la explotación laboral y finalmente, la implementación de programas sociales desde el gobierno que no mejoran la calidad de vida de las personas más pobres del país.

De igual manera, el informe hace énfasis en la impunidad de los asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos, campesinos e indígenas que defienden sus territorios. A pesar de que el gobierno considera un logro la creación de la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA) señala que según constató la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ésta no brinda información sobre el avance de las investigaciones y se presume que la mayoría de las 200 muertes violentas de campesinos y campesinas se encuentran en impunidad.

“En Honduras sigue existiendo una violencia estructural contra las mujeres, sostenida por una cultura permisiva y la impunidad” agrega el informe. Solo entre 2001 y 2018, se registraron 205,239 casos de violencia doméstica y 4742 mujeres fueron asesinadas con un 98% de impunidad.

“El establecimiento de fiscalías especiales como la de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, así como la creación de la Fiscalía de la Mujer no se ha traducido a una respuesta institucional a la violencia que sufren estas poblaciones. Esto se debe a una agenda de criminalización de las poblaciones como defensores y defensoras de derechos humanos, sesgos de género en la aplicación de justica y la falta de recursos para la investigación de delitos” añade el informe.

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