Asociación de Jueces por la Democracia presentó propuesta de ampliación de Vacatio Legis y reformas al nuevo Código Penal

El pasado martes 22 de octubre, una delegación de juezas y jueces de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) se reunió con integrantes de la Comisión Dictaminadora del Congreso Nacional del nuevo Código Penal, a la que le expusieron sus preocupaciones y propuestas sobre la entrada en vigencia de esta normativa penal.


El Decreto 130-2017, Código Penal de Honduras, fue aprobado por el Congreso Nacional el 18 de enero de 2018 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de mayo de 2019 y entrará en vigencia el 10 de noviembre del presente año.


Desde la AJD se ha venido sosteniendo que resulta insuficiente que a un nuevo Código Penal (CP), el Poder Legislativo le conceda seis (6) meses de vacatio legis, tiempo que resulta extremadamente limitado para que los operadores judiciales se apropien de esta normativa y para que se preparen las condiciones para su entrada en vigencia.

La AJD es coincidente con otros análisis jurídicos que se han efectuado sobre el CP, que señalan aspectos negativos en la regulación del Código Penal, que necesitan ser modificados para mantener coherencia político criminal en cuanto a las obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos. Asimismo, afirma la AJD que existen diversas normas que pueden beneficiar indebidamente a funcionarios y empleados públicos procesados o condenados por actos de corrupción.

Entre los puntos que destaca la AJD que deben ser modificados o reformados, se plantean los siguientes: Ampliación de la Vacatio Legis, reconsideración de tipos penales que limitan la libertad de expresión; despenalización de los delitos contra el honor; modificar la redacción de tipos penales que atentan contra la libertad sexual (estupro, incesto, etc); reformar las penas (a la alta) de los delitos que sancionan actos de corrupción; despenalización del aborto con fundamento en tres causales; reformar los tipos penales que criminalizan la protesta social; reforzar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, etc. Estas reformas se plantean a efecto de asegurar un Código Penal respetuoso de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Finalmente, la AJD se une a la petición de OACNUDH de aprovechar el período de ampliación de la vacatio legis para impulsar la socialización del Código Penal y “desarrollar dicha reforma en el marco de un proceso formal que contemple una participación amplia de los distintos actores interesados, incluyendo a actores claves del sistema de justicia, la sociedad civil, sectores gremiales, sector privado y organismos de cooperación internacional”.

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