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Relator Forst: Existe una brecha entre el compromiso internacional y la aplicación nacional, concluye en su visita

El pasado 11 de mayo, Michel Forst relator especial de defensores y defensoras de Naciones Unidas presentó informe preliminar de su visita en Honduras. Durante su misión visitó Tegucigalpa, La Paz, La Esperanza, Santa Bárbara, San Pedro Sula, El Progreso, Tela, La Ceiba, Tocoa y Choluteca. En total, se reunió con 400 defensores y defensoras de derechos humanos de todo el país, de los cuales, el 40% eran mujeres.

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Como uno de los puntos torales su informe indica que los defensores y defensoras de derechos humanos que viven en zonas remotas son quienes están en mayor riesgo y afirma que recibió docenas de testimonios de una violencia extrema en todo el país, y que, mediante la documentación desarrollada se confirmó el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, la policía militar y el ejército, lo que causó la muerte de manifestantes y transeúntes, así como detenciones y encarcelamientos masivos, todo ello en el marco del escenario post electoral.

Son diversos los temas que aborda el informe, a través del cual logró hacer un interesante y bastante completo panorama de país en los diversos campos de defensoría y la amplia gama de campos de trabajo. Sin embargo, en cuanto a operadores de justicia e independencia judicial textualmente indicó:

“En el curso de la visita me reuní con jueces, magistrados, fiscales, abogados y defensores públicos comprometidos. Los que trabajan en casos de lucha contra la corrupción, la delincuencia organizada y el narcotráfico están particularmente en peligro. También denunciaron la necesidad de fortalecer la unidad de testigos protegidos. A fin de mejorar su protección, los profesionales del derecho pidieron que se estableciera el mecanismo de protección previsto en la ley sobre el mecanismo nacional de protección de los defensores y defensoras de derechos humanos.”

Señaló también que; “El actual proceso de selección y elección del Fiscal General es fundamental para fortalecer el estado de derecho, la lucha contra la impunidad y la corrupción y la protección de los derechos humanos.” Por lo que instó a todas las partes interesadas que intervienen en el proceso de selección a que se adhieran a las normas más estrictas y a criterios estrictos para evaluar la integridad, idoneidad y competencia de los solicitantes. Subrayó la importancia de la transparencia, la publicidad y el acceso a la información en este proceso, y enfatizó en la necesidad de una observación independiente de todo el proceso, haciendo hincapié en el papel de la sociedad civil en particular.

En su informe, manifiesta sentirse impresionado por la sociedad civil valiente, activa, vibrante y comprometida que opera en todo el país. Y afirma que, habiendo examinado detenidamente la información recibida del Gobierno, la sociedad civil y otras partes interesadas, llegó a la conclusión de que, a pesar de los grandes esfuerzos por establecer un mecanismo eficaz de protección, la gran mayoría de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras no pueden trabajar en un entorno seguro y propicio.

Refiere de manera concluyente que la impunidad, la falta de participación activa, y la colusión entre poderosos intereses, son ingredientes mortíferos que han convertido a Honduras en un lugar peligroso para los defensores de los derechos humanos y reafirmó que todavía existe una brecha entre el compromiso internacional y la aplicación nacional de la normativa, directrices y demás instrumentos y compromisos internacionales que permitan que en Honduras quienes defienden derechos humanos lo hagan sin ser blanco directo de ataques que pueden acabar incluso con sus vidas.

Última modificación: 14 de mayo de 2018 a las 16:32
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