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Honduras ante la CIDH en el contexto de crisis post electoral 2017-2018

Honduras, 28 de febrero del 2018.- En Bogotá, Colombia se desarrolla el 167° Período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde el pasado 26 de febrero participó una delegación integrada por representantes de organizaciones de la sociedad civil de Honduras, integradas en la Coalición contra la Impunidad.

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p<>. En la audiencia se denunció la situación de violencia que vive Honduras tras las últimas elecciones el 26 de noviembre del 2017 y se aportaron datos sobre las graves violaciones a derechos humanos efectuadas en ese escenario. Respecto del contexto previo a las elecciones, la delegación de sociedad civil señaló: “En los últimos años, el Poder Ejecutivo hondureño, presidido por Juan Orlando Hernández ha promovido decisiones para aumentar la concentración de poder en su persona y así controlar instituciones clave como la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República, el Tribunal Supremo Electoral, entre otros.”

Frente a la delegación del Estado, la sociedad civil informó a los y las comisionadas sobre las cifras de violaciones a derechos humanos recopiladas. Indicaron que entre el 26 de noviembre de 2017 y el 24 de febrero de 2018, registraron 192 manifestaciones reprimidas y alrededor de 1257 detenciones; 1 persona detenida desaparecida, 38 muertes de personas en el marco del conflicto; 76 personas víctimas de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes; 393 personas heridas y lesionadas en las manifestaciones, varias de ellas con consecuencias irreversibles en su salud, 105 personas desplazadas por persecución política; 15 periodistas agredidos; 89 personas criminalizadas, 24 de ellas están en prisión preventiva y las consideramos personas prisioneras políticas; así como 73 personas defensoras víctimas de amenazas y otras acciones.

Alertaron también sobre el uso de tácticas y estrategias empleadas por los cuerpos de seguridad del Estado para reprimir, perseguir e intimidar a los y las manifestantes en el país, entre las cuales señalaron los allanamientos de morada y registros indebidos, el uso indiscriminado de gases lacrimógenos, lanzados directamente al cuerpo de los manifestantes y dentro de espacios cerrados, particularmente dentro de casas particulares y el uso de disparos a bala viva como mecanismo para dispersar manifestaciones públicas y perseguir manifestantes.
Respecto de las personas que están siendo criminalizadas, las organizaciones señalaron que se les está acusando por delitos que pareciera no tener un contenido político, y en muchos casos, a las personas detenidas se les ha implantado prueba para garantizar la acusación.

Sobre los ataques a defensores y defensoras, denunciaron con datos concretos las modalidades en las cuales estos se han efectuado, la criminalización y hostigamiento, la intimidación y el uso de campañas de desprestigio, la obstaculización de la labor de defensoría. Entre los ataques a la libertad de expresión señalaron sabotajes a medios de comunicación independientes, vigilancia y hostigamiento a las instalaciones y personal de medios y sabotajes a las trasmisiones en vivo.

Finalmente, como parte de sus peticiones al Estado de Honduras, solicitaron que este se comprometa a cesar el uso indiscriminado y excesivo de la fuerza en las manifestaciones, así como la persecución selectiva de los líderes sociales, entre otras, con la finalidad de garantizar la investigación de las violaciones a derechos humanos efectuadas y a fin de lograr justicia y verdad integral para las víctimas y para la población hondureña.

Última modificación: 28 de febrero de 2018 a las 15:40
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