Las condiciones actuales de las profundas heridas de la sociedad hondureña, es necesario un Ministerio Público comprometido con el acceso a la justicia, que asuma una lucha real y frontal en contra de la corrupción y la impunidad, y que actúe alejad del cálculo y los intereses del actual régimen y de los grupos de poder que lo respaldan.
Es necesario y urgente la construcción de un perfil idóneo, más allá de los requisitos mínimos establecidos en el país, que garantice que la selección de quien ocupe el cargo se realice considerando la idoneidad de los y las candidatas, y no su cercanía o afinidad con grupos de interés o grupos de poder, es decir que, La elección del nuevo Fiscal General y Adjunto debe basarse única y exclusivamente en criterios objetivos y capacidades comprobadas. Todo ello dentro de un proceso que se lleve a cabo de forma altamente democrática, y bajo presupuestos de transparencia y de forma justa, tal y como lo ha recomendado el Relator de Independencia Judicial de Naciones Unidas.
El pasado 18 de abril, la Coalición contra la Impunidad presentó escrito de nulidad de todas las actuaciones de la Junta Proponente, debido a su ilegal conformación, la cual ha integrado representación de sociedad civil a pesar de que esta carece de un asidero legal que la respalda, ya que, su participación fue derogada por sentencia de la Sala de lo Constitucional el pasado 22 de noviembre de 2016.
Con la finalidad de sostener el debate en torno al proceso de elección, el próximo 25 de abril, en la ciudad de Tegucigalpa, llevará a cabo el foro “Elección del Fiscal General y Fiscal Adjunto y la lucha contra la gran corrupción e impunidad en Honduras”, el cual contará con la participación del abogado Ramón Cadena, director de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica, con amplia experiencia en procesos de elección de funcionarias(os) de justicia en Guatemala y Honduras.
Participarán también; Joaquín Mejía, doctor en derechos humanos y reconocido defensor de derechos humanos en el país, el abogado Edy Tábora con especialidad en el derecho a la información y la libertad de expresión y Berta Oliva, directora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), acreedora del Premio Tulipán por su invaluable labor de defensoría altamente reconocida a nivel nacional e internacional.
El objetivo es la construcción de insumos y el razonamiento conjunto para repensar el Ministerio Público que demanda la sociedad hondureña y que esté a la altura de los inmensos retos en la lucha contra la corrupción e impunidad.
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